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Federación Empresarial Española de Asociaciones de Centros Especiales de Empleo

01/10/2006

Boletín mensual

Entrevista

Valeriano Gómez en su despacho "Huimos de  medidas que no se encaminen hacia la normalización" Valeriano Gómez en un momento de la entrevista "Estamos dispuestos a mantener las bonificaciones del 100% para los CEE" "Vale más una medida que incentive a la contratación que una estrictamente penalizadora"

Valeriano Gómez en otro momento de la entrevista "Es importante que la política de empleo para el colectivo sea compartida y diseñada con los agentes sociales"


"Queremos aunar en una sola norma toda la política de fomento del empleo de las personas con discapacidad"

Valeriano Gómez
Secretario general de Empleo

La reforma laboral ha sembrado la inquietud entre el movimiento asociativo de la discapacidad, especialmente en el ámbito de los Centros Especiales de Empleo, quienes han visto en peligro las bonificaciones del 100% que percibían para la contratación de personas con discapacidad y, por tanto, su viabilidad. Pero todavía no se ha escrito la última palabra al respecto. El secretario de Estado de Empleo, Valeriano Gómez, se ha mostrado sensible a sus demandas y está dispuesto a hacer todo lo posible para alcanzar una solución que favorezca a todos, incluso a rectificar la normativa en este aspecto. El momento para la conciliación será su tramitación parlamentaria. Así nos los cuenta él mismo.

Por Patricia García

Uno de los colectivos con más paro es el de las personas con discapacidad. ¿Cómo contribuye el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales a facilitarles el acceso al empleo?

Hay varias líneas de intervención con la población discapacitada en el ámbito de la política de empleo. Una general es la regulación genérica de todos los estímulos para facilitar su acceso a un puesto de trabajo. Otra obliga a las empresas privadas a contratarles en un determinado porcentaje de su plantilla, medida que también tienen que cumplir las administraciones públicas en un cupo superior al de las primeras. Además, se incentiva su contratación a través de la reducción de cotizaciones tanto para las empresas privadas como para los Centros Especiales de Empleo (CEE), que cada vez tienen más importancia en la integración laboral de las personas con discapacidad severa de índole psíquica o sensorial.

No hay que olvidar un aspecto intermedio como son los enclaves laborales, realidades mediante las cuales las empresas que, por determinadas circunstancias, no puedan cumplir con las cuotas legales pueden sustituir el cumplimiento contratando los servicios o productos de un CEE que sean necesarios para su desarrollo productivo. Pero, en general, nuestro objetivo principal es la inserción de estas personas en el mercado de trabajo ordinario no tanto en el especial, por lo que huimos de medidas que no vayan encaminadas a la normalización.

Las personas con discapacidad intelectual, parálisis cerebral y grandes minusválidos, lo tienen más difícil y, aún más, si son mujeres y viven en el medio rural. En esta dirección trabaja el II Plan de Empleo 2003-2007 con medidas de discriminación positiva. ¿En qué consisten? ¿Cómo están funcionando?

Éstas persiguen esencialmente mejorar la capacidad de inserción y de posibilidades de empleo en los CEE. Se trata de unidades específicas de apoyo dentro de esos centros para que puedan tener un personal específico que se encargue no sólo del cuidado y la atención de esas personas, sino también de enseñarles la práctica del trabajo. Como tienen mucho coste para los CEE, están íntegramente financiadas con fondos públicos.

Y junto a ello, ahora estamos analizando la posibilidad de reestructurar el conjunto de la política de fomento del empleo para las personas con discapacidad. Quizá haya llegado el momento de abordarla desde una perspectiva integral como hacía la primera ley, la LISMI (1982) y agrupar en una norma todas las medidas para facilitar el acceso al empleo de este colectivo que existen en este momento dispersas en nuestra legislación. Aun más, cuando son políticas sobre las que también legislan las CCAA y estimulan diferencialmente.

El II Plan de Empleo concluirá el próximo año. ¿Aprovecharán la negociación del nuevo para aunar las políticas?

Es una de las ideas que pondremos encima de la mesa en la renovación del Plan de Empleo porque es una demanda compartida, no sólamente desde el sector de la discapacidad sino también desde los propios interlocutores sociales. Y es que, es importante y bueno que esta política de empleo que diseñamos para las personas discapacitadas sea asimismo compartida y diseñada con los agentes sociales, es decir, con empresarios y sindicatos.

Hay una cierta preocupación entre el movimiento asociativo de la discapacidad con la reforma laboral. ¿Qué ha ocurrido? ¿Se puede solucionar?

Vamos a atender las necesidades y los planteamientos del CERMI en el trámite parlamentario de la reforma laboral. Lo que ha ocurrido es que hemos introducido cambios que van desde una política que fomentaba el empleo a través de porcentajes de cotización a una de tanto alzado que es la plasmada en la reforma. Desde el CERMI entienden bien las modificaciones que se han producido para la inserción de personas con discapacidad en la empresa ordinaria, pero abogan por mantener la actual política en lo referente a los CEE porque al tener esos centros una subvención del 100%, probablemente la de tanto alzado les perjudicara.

El objetivo de la política de fomento era y sigue siendo distribuir mejor los estímulos al empleo, porque incentivar la contratación indefinida de una persona que tiene un salario de 3.000 euros mensuales, cuesta cinco veces más al Estado que fomentar la de un trabajador que cobra 1.000. Por ello, con el cambio queremos seguir estimulando el empleo a favor de los peor pagados, dado que la precariedad es la suma de una relación laboral temporal y de unas condiciones inferiores (menos retribución). El problema que detectamos en lo referente a las personas con discapacidad era que esa bonificación del 100% ayudaba por igual a un asalariado que cobrara 1.000 euros o menos que a otros con sueldos ostensiblemente mayores. Y hemos comprobado que con las cantidades de tanto alzado fijadas en el decreto de la reforma laboral, la inmensa mayoría de los trabajadores quedaban en la misma condición porque la subvención era muy similar y la habíamos situado en un nivel suficientemente alto, tan sólo que no subvenciona de la misma manera a trabajadores con salarios mayores.

Aún así lo vamos a solucionar, buscaremos un punto de encuentro de forma que incluso se retorne a la situación anterior. Aunque esto no significa que el diseño de la nueva política de fomento en términos generales sea malo, al contrario pensamos que la subvención a las personas que tienen mayor salario, que so suelen ser los trabajadores del centro, no debe venir sólo por la vía de la bonificación. La política de estímulos de la reforma está bien fundamentada y está funcionando muy bien en términos generales e, incluso, en el ámbito de las personas con discapacidad ya que, desde que entró en vigor la reforma el 1 de julio a mediados de septiembre, 2.082 han conseguido un empleo indefinido.

Las medidas están sobre la mesa: cuotas de integración, medidas alternativas, bonificaciones. ¿Por qué los empresarios todavía son reacios a contratar a personas discapacitadas?

Creo que esto responde a una cuestión histórica en nuestro país de altos niveles de desempleo en la que los grandes perjudicados eran los colectivos en riesgo de exclusión. Y este hecho no es un problema de diseño de políticas, ni de estímulos, sino que hay una mala práctica histórica debido a la facilidad de poder disponer de mano de obra en otros ámbitos. Considero que en el futuro, y los ejemplos históricos nos los enseñan (por ejemplo el caso de los países nórdicos o centroeuropeos), vamos a tener que ser un país que quiera y que deba movilizar a la mayor parte de su población potencialmente activa, entre ella a los trabajadores discapacitados. En Europa de forma progresiva se fueron incorporando a las empresas; en España todavía tenemos un nivel muy bajo pero con el tiempo ese tipo de pegas, de mentalidad poco conocedora de la realidad de las personas con discapacidad, irá reduciéndose. Por el momento, desde el Gobierno queremos continuar con esta política de fomentar la inserción en la empresa ordinaria, mejorarla en la medida de las posibilidades presupuestarias porque es muy cara. Aún así, somos conscientes de que aunque cambiara la mentalidad empresarial, que cambiará, habrá una parte de población de personas con discapacidad que tengan muchas dificultades para obtener empleo si no es a través de los CEE.

Otro de los grandes problemas no es sólo la alta tasa de paro sino también la de inactividad...

Sin duda, este también es un factor de peso. La tasa de actividad es todavía baja, al igual que la tasa de empleo. Quizá en esto pueda estar influyendo una excesiva protección familiar, muy especialmente en las personas con discapacidad severa, en donde hay cierta preocupación, o digamos alergia, a la posibilidad de trabajo y de actividad fuera de casa.

La ley de Igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad fija multas millonarias para las empresas que les discriminen. ¿Serán suficientes o deben complementarse con campaña para concienciar la mundo empresarial?

Soy partidario de las campañas porque creo que vale más una medida que incentive al cumplimiento, que una estrictamente penalizadora. Seguramente, no valen por sí solas ninguna de las dos, pero si tuviera que quedarme con alguna, sería con una buena política de estímulos y con campañas de difusión que expliquen la existencia de las ayudas y bonificaciones, es decir, que permitan ir cambiando ese aspecto cultural al que antes nos referíamos en el ámbito de las empresas.

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