"Hay que pensar en otras acciones para insertar a los discapacitados en el mundo laboral más allá de las bonificaciones a las empresas"
José Eugenio Azpiroz,
diputado del PP
José Eugenio Azpiroz (San Sebastián, 1955) es licenciado en Derecho, diputado del Partido Popular por Guipúzcoa y portavoz de este grupo en la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales del Congreso de los Diputados. En su trabajo en la tramitación de la reforma laboral ha introducido numerosas modificaciones que favorezcan la contratación de personas con discapacidad, incluyendo la postura de organizaciones como el CERMI. Azpiroz ha logrado en el Congreso recuperar las bonificaciones a la contratación de estas personas, que la reforma laboral había eliminado previamente.
La Cámara Baja ha aprobado finalmente la mayoría de enmiendas a esta reforma que se incluyeron en el Senado, excepto el aumento de 2.200 a 3.500 euros anuales de bonificación a la contratación temporal de discapacitados.
Por Javier Fernaud
En primer lugar, ¿en qué medida la reforma laboral mejora o empeora las posibilidades de inserción laboral de las personas con discapacidad?
Creo que el trámite parlamentario la ha mejorado enormemente. Defendimos en su momento que la reforma laboral se tramitara como Proyecto de Ley para poder introducir enmiendas. Éstas han recuperado una parte importante de la situación previa a la reforma en cuanto a los incentivos de bonificación de la contratación de las personas con discapacidad, que la reforma laboral recortaba, desgraciadamente, de una forma importante.
La posición del PP durante la tramitación era la de restablecer unas bonificaciones que se habían conquistado con mucho trabajo y que si en un futuro debían debatirse, que lo fuera pero contando con las organizaciones de la discapacidad y mediante un análisis sosegado, preciso y con una visión global sobre la inserción laboral de los discapacitados.
Estos meses hemos contemplado vaivenes en las bonificaciones a las empresas que hicieran contratos indefinidos a las personas con discapacidad. ¿Cómo ha quedado finalmente este asunto?
En el Congreso ya se incorporaron bonificaciones pero no llegaron a las cifras que esperamos inicialmente. Hubo una serie de enmiendas transaccionales asumidas por todos los grupos y que aceptamos; nos pareció oportuno pactar este tema con el grupo socialista y, finalmente, con todas las formaciones políticas de la cámara. El resultado fue un punto intermedio entre el texto del Real Decreto Ley y nuestras enmiendas, que incluían las peticiones que nos había trasladado el mundo de la discapacidad, el CERMI, y otras asociaciones, como la de economía social CEPES. En el Senado se han mejorado aún más las bonificaciones gracias a nuestras enmiendas.
¿Qué mejoras concretas han logrado las propuestas del grupo popular?
Una de las enmiendas aprobadas establece una bonificación de 4.500 euros anuales para la contratación de trabajadores con discapacidad, una cifra que sube hasta 5.100 para las personas con más dificultades para entrar en el mercado laboral. Este es el caso de aquellos con parálisis cerebral, con discapacidad física o sensorial de al menos el 65% y con enfermedad mental o discapacidad intelectual igual o superior al 33%. Este último grupo se ha añadido a propuesta nuestra.
Estas modificaciones, ¿cuando entrarían en vigor?
Rápidamente porque los efectos se retrotraerán al inicio del Real Decreto Ley. Algunos aspectos se remontan a junio y otros a julio de 2006. Antes de fin de año tienen que estar aprobadas para que los empresarios sepan a qué atenerse a la hora de contratar.
El aumento de las bonificaciones que ha aprobado el Senado, ¿impulsará la contratación de personas con discapacidad?
No creo que la situación mejore demasiado en relación a la que había previamente a la reforma laboral. Partíamos de una situación muy buena de bonificaciones a la contratación, por lo que nuestro objetivo con las enmiendas ha sido restituir la situación anterior a la reforma y, a partir de ahí, dialogar con los sindicatos, empresarios y representantes del mundo de la discapacidad. En 2007 veremos si se llega a un acuerdo para modificar los mecanismos de bonificación.
Antes, estas ayudas eran un porcentaje del salario; a partir de ahora se adopta el criterio de cuantías fijas. Evidentemente, este cambio perjudica a los trabajadores discapacitados que tengan un valor añadido por su mayor grado de formación. Por ejemplo, un gran discapacitado no será un gran estibador, podrá hacer cosas con su cerebro, con sus cualidades, con su aprendizaje, etc.
En el futuro debemos estudiar otro tipo de acciones específicas, más allá de las bonificaciones. El mundo de la discapacidad debe ser atendido, escuchado y oído, tiene que entrar en este debate. Una de nuestras enmiendas incluye a las organizaciones del sector de la discapacidad para que evalúen durante 2007 las acciones para de inserción laboral de las organizaciones con discapacidad para determinar las políticas activas de empleo que se aplicarán a partir de 2008.
El CERMI y otras organizaciones estarán presentes en el debate que se realizará el año que viene.
Por lo que usted comenta, las bonificaciones no han logrado hasta el momento todos los efectos deseados.
Ni el campo de la discapacidad ni en ningún otro. Nosotros apostamos en su día por una política de bonificaciones a la contratación cuando gobernábamos y seguimos pensando que es bastante eficaz, aunque no plenamente. Te pondré un ejemplo: la mujer en España no está plenamente insertada en todos los mercados laborales, pese a que hay bonificaciones para las paradas mayores de 45 años que son casi exenciones a la cotización. Estas ayudas son un incentivo muy importante pero no el único.
Es probable que existan determinados segmentos de actividad laboral en los que hay que incentivar más la contratación porque es más propicia la entrada de personas con discapacidad. También hay que poner más acento en las acciones formativas y hacer que las bonificaciones sean más particulares.
Y los Centros Especiales de Empleo (CEE), ¿están siendo eficaces en la integración laboral de los discapacitados?
Es un error contemplarlos exclusivamente como centros de empleo; también hay que observarlos como centros especiales. Una de sus funciones más importantes es la de insertar en el mercado laboral a los discapacitados. Pero hay personas que por la situación del mercado no consiguen fácilmente esta inserción. En este caso la función de los CEE es social, porque dan una ocupación y una cierta actividad que compensa económicamente dando un respiro a las familias que cuentan con algún discapacitado, mejorando su calidad de vida. La parte social no se puede despreciar y hay que valorarla más allá de la perspectiva laboral.
Da la impresión de que tal y como había salido del Congreso, la reforma laboral no era muy favorable al mundo de la discapacidad...
En el Congreso ya se avanzó sustancialmente. El grupo socialista no quería mover ni una coma, pero se vio forzado a negociar elevando las bonificaciones fijas en el ámbito de la contratación de la discapacidad. En el Senado hemos replanteado las enmiendas rechazadas en la Cámara Baja, pero con la ventaja de que en el Senado la correlación de fuerzas es más favorable para nosotros.
Por último ¿qué valoración global hace de la reforma laboral?
Me parece una reforma puntual de la temporalidad, limitada; no es la que nos hubiera gustado. Sin embargo, no puedo dejar de reconocer la importancia de que en un país como España exista un sistema de concertación de diálogo social entre intereses contrapuestos, como son las de empresarios y sindicatos, con capacidad para llegar a acuerdos y consensos. A nosotros el consenso social nos parece relevante, importante y conveniente. Estimamos que el huevo no ha sido de dos yemas pero el fuero lo reconocemos. Países como Francia nos han tomado como ejemplo y se ha institucionalizado el diálogo social y otros países ven con buenos ojos este método de interlocución.