FEACEM solicita al Gobierno un Fondo Extraordinario de 200 millones de euros para mantener el empleo en CEE
Por Redacción FEACEM
El entorno en el que se encuentran los CEE en la actualidad es difícil. Según un estudio de la patronal de Centros Especiales de Empleo, se enfrentan a un riesgo de destrucción de puestos de trabajo que podría afectar al 24% de los trabajadores de aproximadamente la mitad de los Centros Especiales de Empleo. Estos porcentajes se traducirían en que cerca de 13.200 empleos de personas con discapacidad podrían estar en peligro. Ante esta situación, desde la Federación han trasladado al Gobierno, en diversas ocasiones, un paquete de medidas “coyunturales y urgentes” para ayudar al empleo protegido a salir de la crisis. Entre estas acciones figura un Fondo Extraordinario de 200 millones de euros para la sostenibilidad del empleo en estas empresas.
El informe presentado por la Federación asegura que el riesgo de destrucción de empleo, que alcanza ya al 50% de los CEE y compromete a uno de cada cuatro trabajadores de los mismos, tiene su origen en un descenso de la facturación de cerca del 21% que padecen el 60% de estas entidades. Por otro lado, la contratación en el mercado abierto de las personas con discapacidad ha descendido un 20% en el mercado abierto y un 12% en los CEE.
A estas cifras, hay que sumarle los problemas causados por los retrasos en el cobro de las ayudas públicas. Además, según afirmó José María Ibáñez presidente de la Federación “los impagos y la dificultad para acceder a las líneas de crédito están generando un problema de liquidez importante en los CEE”.
Ibáñez aseguró que “esta situación afecta a la más de la mitad de las 1.775 empresas de empleo protegido que emplean a cerca de 53.000 personas con discapacidad” y por esta razón, la entidad que preside ha presentado al Gobierno un conjunto de medidas que “el sector necesita de manera urgente”.
Entre las actuaciones planteadas por la Federación figura la creación de un Fondo Extraordinario de 200 millones de euros para mantener los niveles actuales de empleo en los CEE. Ibáñez, explicó que “la aportación urgente y extraordinaria de los fondos adicionales solicitados a las Administraciones públicas podrían resolver en gran medida la coyuntura de grave crisis que afecta al sector”.
A este Fondo podrían acogerse los proyectos orientados a reestructurar o reforzar las líneas de negocio o de actividad de estas empresas, así como las actuaciones que sirvan para la renovación tecnológica ligada al mantenimiento del empleo. Por su parte, los CEE que accedan a la ayuda deberán presentar diagnósticos y planes de viabilidad que justifiquen las aportaciones extraordinarias.
Además, el presidente de la patronal, reclama un incremento de hasta el 75% del Salario Mínimo Interprofesional en la subvención a los CEE para los costes salariales de todos los trabajadores con discapacidad que mantengan empleados.
OTRAS ACTUACIONES
Otras acciones que urge poner en marcha son el incremento de la reserva hasta el 6% de los contratos públicos para los CEE, la apertura de una línea ICO de créditos específicos para estas entidades empresariales. Esta acción estaría destinada a “aliviar los problemas de liquidez y las dificultades para obtener créditos que tienen algunas de estas empresas”, resaltó Ibáñez. Además, se planteó la aprobación de un decreto de jubilación anticipada para los trabajadores del empleo protegido.
También solicitó que se agilice el pago de las subvenciones públicas porque “si las ayudas no llegan a tiempo”- aseveró Ibáñez- “los problemas de liquidez se multiplican”. Asimismo, instó a flexibilizar “los presupuestos transferidos a las diferentes comunidades autónomas, destinados a la creación de empleo, para que puedan utilizarlos para la sostenibilidad de los puestos de trabajo en los CEE”.
Para paliar los efectos de la crisis, Ibáñez señaló que están trabajando en dos frentes. “En primer lugar, estamos dialogando con el Gobierno y con muchas de las comunidades autónomas para plantearles la situación. Además, desde nuestros centros de iniciativa social estamos comprometidos con la sostenibilidad del empleo del colectivo”, subraya.
Respecto a la respuesta del Ejecutivo ante esta situación aseguró que “hemos hablado con la secretaría general de Empleo y nos ha manifestado su voluntad política de valorar nuestras propuestas, pero aún no tenemos constancia de que se hayan articulado medidas y estamos expectantes de que estas se puedan poner en marcha cuanto antes”, indicó.
Asimismo, para acometer estas actuaciones, según Ibáñez “es necesaria la corresponsabilidad de las administraciones autonómicas y el Gobierno para emprender acciones en cada comunidad autónoma. En este sentido, el presidente de la patronal indica que ya se “están tomando medidas en algunas comunidades como Cataluña, Navarra o Asturias”.
Además de las actuaciones de carácter inmediato, Ibáñez señala que el mayor problema para empleo de las personas con discapacidad son las tasas de actividad. “Hay un porcentaje muy alto de integrantes del colectivo que no están dentro de las políticas activas de empleo, lo que refleja que se trata de un problema estructural”, subrayó.
Debido a esto, propone que “las medidas de choque sirvan para mantener el empleo creado, pero al mismo tiempo se trabajara en las actuaciones estructurales presentes en el Plan de Acción de la Estrategia Global de Empleo para Personas con Discapacidad”. “Es necesario trabajar en ambos aspectos para evitar que se destruya el empleo creado”, finalizó.
Además de las propuestas de FEACEM, las organizaciones del Cermi para la sostenibilidad del empleo incluyen otras actuaciones complementarias como la aprobación de un Plan de Contratación Pública de bienes y servicios en los CEE; la mejora en la eficacia de las medidas alternativas; la creación de una línea especial ICO para Centros Especiales de Empleo; la eliminación de barreras de movilidad laboral; la unificación de criterios para gestionar fondos públicos y un plan de medidas para acceder a la jubilación anticipada de los trabajadores con discapacidad. Este Plan de sostenibilidad se complementa con actuaciones que afectan a las competencias de las comunidades autónomas y a los agentes económicos y sociales.
En definitiva, José María Ibáñez insistió en que las medidas que han pedido al Gobierno “son razonables, realizables y de escaso coste económico”, porque además, ha dicho, “cuentan con la corresponsabilidad del propio sector empresarial que lleva seis meses demostrando su voluntad de no destruir puestos de trabajo para personas con discapacidad”.”Estamos convencidos de que destruir un puesto de trabajo es incrementar los gastos de dependencia y de servicios sociales y desactivar el dispositivo económico y empresarial que tanto esfuerzo público y de iniciativa social ha costado en los últimos años”.