Medidas autonómicas para el empleo protegido ante la crisis
Por Redacción FEACEM
Muchos Centros Especiales de Empleo de iniciativa social padecen serias dificultades económicas con motivo de la crisis. El 60% de ellos han visto reducida su facturación en un 21% y las previsiones apuntan a mayores caídas ante la pérdida de clientes también afectados por la actual coyuntura económica. En este contexto, afrontan también problemas de liquidez y tesorería derivados de los retrasos en los cobros de clientes públicos y privados, la congelación de los precios de sus productos y servicios y del incremento de los costes de los suministros y de producción, lo cual ha llevado al empleo protegido a una situación muy complicada, en la que el movimiento asociativo está haciendo grandes esfuerzos para el mantenimiento de los empleos de las personas con discapacidad. De hecho, el sector ha advertido del riesgo de destrucción de empleo: más de 13.200 personas con discapacidad pueden perder su puesto de trabajo.
Ante esta situación, el movimiento asociativo de los CEE de iniciativa social ha solicitado, en múltiples ocasiones, ayudas urgentes a las administraciones públicas para evitar que la crisis acabe con los logros conseguidos en el empleo de las personas con discapacidad y contribuir a la sostenibilidad de estas empresas. La respuesta no ha sido tan rápida como la situación requería, si bien, desde el Gobierno central se han aprobado 40 millones de euros, que gestionarán las CCAA para el mantenimiento del empleo en los CEE; y en el marco de las autonomías, se ha instalado, en líneas generales, un diálogo entre el sector y los representantes públicos, del cual han salido medidas de interés.
ARAGÓN
Las diferentes asociaciones de Centros Especiales de Empleo iniciaron y están manteniendo un diálogo constante con las Consejerías autonómicas del ramo para acordar las medidas urgentes que se deben adoptar ante la grave situación del sector. Ana Bermúdez, gerente del Instituto Aragonés de Empleo (INAEM), indicó que en su comunidad se están reuniendo con ACEEA (Asociación de Centros Especiales de Empleo de Aragón), entidad asociada a FEACEM, para “valorar la situación y analizar qué medidas de carácter coyuntural pueden adoptar para ayudar al empleo protegido”. Asimismo, resaltó que expertos del INAEM forman parte del grupo de trabajo que se encarga de estudiar las propuestas del Plan de Acción 2009-2010 de la Estrategia Global de Empleo para las Personas con Discapacidad (EGEPcD).
Con respecto al retraso con el que llegan las ayudas públicas a algunos CEE, desde la Administración aragonesa aseguran que intentan pagarlas con “bastante celeridad”. Aunque insistió que en su comunidad el pago de subvenciones “es muy ágil”, la gerente del INAEM reconoce que “siempre se puede mejorar”.
Una medida reivindicada por el movimiento asociativo de los CEE de iniciativa social son las actuaciones de ‘discriminación positiva’ para sus empresas ya que su objetivo es dar empleo a las personas con discapacidad y por ello reinvierten todos sus beneficios en esta causa. Preguntada al respecto, Bermúdez dijo que la idea de la Administración aragonesa es “vincular ciertas medidas a CEE de iniciativa social y que empleen a personas con grandes discapacidades”, pero aseguró que aún no pueden adelantar nada porque están en conversaciones con el empleo protegido.
Por otro lado, la gerente del INAEM destacó que tienen convenios con dos bancos y varias cajas aragonesas para que ofrezcan “los intereses más bajos posibles” en los créditos a este sector. Además, estos acuerdos incluyen abaratar los costes para que los CEE tengan más facilidades para acceder a avales.
La reserva de contratos públicos es otra de las medidas que se plantean desde el Gobierno aragonés como medida de apoyo a los CEE. En este sentido, Bermúdez resaltó el compromiso del Ejecutivo autonómico para “fijar un porcentaje razonable”, aunque “la cuota se debe establecer en primer lugar a través de un decreto”, matizó.
MADRID
Pese a la actual coyuntura económica, el Gobierno madrileño se muestra optimista respecto al futuro de los CEE de la comunidad. “Nos siguen llegando propuestas de nuevos Centros Especiales de Empleo, la actividad no cesa y el empleo protegido proporciona cada vez más puestos de trabajo a personas con discapacidad”, asegura Valentín Bote, director general de Empleo. Si bien, reconoce que la crisis ya ha llegado a los CEE y por ello están “en contacto permanente” con ellos, para que si alguno tiene problemas, acuda a la Administración.
Para ayudarles, la primera medida que han adoptado ha sido la de acelerar la llegada de subvenciones. “Este año -apunta Bote- estamos pagando la ayuda de coste salarial con bastante adelanto. Con el primer ingreso, además, los centros reciben un adelanto de lo que percibirán durante el resto del año, algo que les permitirá ajustar su liquidez”. En este sentido, puntualiza que han incrementado la cuantía anual destinada a los CEE hasta los 35 millones de euros.
Por otra parte, según la Administración madrileña, aquellos Centros Especiales de Empleo que tengan problemas financieros pueden acogerse a las “ayudas al saneamiento” específicamente destinadas para ellos. “Hemos recibido más peticiones que el año pasado, que estamos estudiando, y si la situación de dificultad está debidamente acreditada, les ayudamos”, afirma Bote. Asimismo, señala que están asesorando a estas empresas con “unidades de apoyo” para que la ayuda que reciben por este concepto se distribuya de la forma más eficaz posible.
En cuanto a establecer acuerdos con entidades de crédito para facilitar el acceso al empleo protegido, el responsable madrileño indica que “es un problema que nos preocupa mucho y ya se han rubricado convenios para conceder líneas de crédito para pymes de hasta 10.000 millones de euros, a las que se pueden acoger los CEE”. Asimismo, Bote apunta los créditos concedidos por Avalmadrid (entidad equivalente al ICO en la comunidad) como otra posibilidad a la que también pueden recurrir.
Con respecto al impulso de los contratos públicos entre este sector, Bote indica que, como medida previa a determinar un porcentaje específico o cuota de reserva para los Centros Especiales de Empleo, publicarán en los próximos meses un catálogo con los productos y servicios que prestan los CEE para darlos a conocer entre los distintos órganos de la Administración pública madrileña y que cada uno de ellos valore la posibilidad de contratarlos.
LA RIOJA
El diálogo con los representantes del empleo protegido es prioritario para los dirigentes de esta autonomía. Así, han creado un ‘Foro de Empleo para Personas con Discapacidad’ que intentará resolver los problemas de los CEE y del colectivo en el ámbito laboral. “Es una mesa de diálogo en la que están presentes las empresas de empleo protegido, así como otros agentes sociales”, explica Carlos Gonzalo, gerente del Servicio Riojano de Empleo (SRE).
Fruto del debate que tiene lugar en esta ‘mesa’ figuran acciones para fomentar la formación de trabajadores. “Hemos confeccionado un plan de formación para los CEE con el fin de que sus empleados adquieran flexibilidad y estén preparados para trabajar en varios sectores”, apunta Gonzalo.
Por otro lado, el dirigente del SER resalta, como “acción innovadora” en esta comunidad, que orientadores profesionales se están dirigiendo a las diferentes empresas de la comunidad para informarles acerca de los incentivos que aporta la contratación de los productos y servicios de los Centros Especiales de Empleo. Asimismo, en el marco del ‘Plan Avanza’ del Ministerio de Industria, también se ayudará a los CEE riojanos pues, gracias a él, la Administración autonómica creará una plataforma interactiva donde los CEE pueden informar al entorno empresarial sobre las actividades o productos que realizan.
Respecto a acelerar el pago de subvenciones, Gonzalo asegura que tienen previsto una nueva normativa que “posibilitará que su pago sea mensual y que se pueda hacer el reajuste de cantidades pagadas anteriormente”. “Estas ayudas conseguirán que los CEE tengan una expectativa de ingreso periódico mensual, se aprobarían para cada centro de forma individualizada y estarían sujetas a las variaciones en las plantillas de los mismos”, subrayó en declaraciones a la revista de FEACEM.
Por último, el gerente del SER se ha mostrado dispuesto a establecer posibles convenios con los bancos para que faciliten al empleo protegido el acceso a créditos. “Si lo solicitan, crearemos un escenario financiero en el que las entidades dispongan de una reserva destinada para ellos, aseguró.
CATALUÑA
El Departamento de Trabajo de la Generalitat de Cataluña ha asumido las competencias sobre Centros Especiales de Empleo hace cinco meses, y según afirma Sara Berbel, directora general de Igualdad y Empleo del Gobierno catalán, ya están tomando medidas para ayudar al empleo protegido a superar la actual coyuntura económica.
La primera de ellas ha sido la de aprobar un decreto para amortizar los puestos de trabajo en los CEE durante los próximos tres años. “Era una de las actuaciones más demandadas por el sector”, apunta Berbel. En este sentido, el Departamento de Trabajo del Gobierno catalán ha aprobado para este año la concesión 13 millones de euros adicionales, que se suman a los 67 que anualmente destinan para el empleo protegido.
Además, desde la citada Dirección General de Igualdad y Empleo han suscrito un convenio con el Instituto Catalán de Finanzas para conceder 10 millones de euros en créditos específicos para el empleo protegido. “Esta cantidad -explica la dirigente del ejecutivo catalán- está destinada a paliar los problemas de liquidez con los que se están encontrando estas entidades”. “En nuestra comunidad hay unos 200 Centros Especiales de Empleo y consideramos que el importe de este préstamo se ajusta al ratio adecuado”, matiza.
Asimismo, se ha firmado otro acuerdo con Triodos Bank, especializado en la llamada ‘banca ética’, por el cual la entidad financiera se compromete a ofrecer vías de financiación específicas para el empleo protegido. Según la consejera de Trabajo de la Generalitat de Cataluña, Mar Serna, con acuerdos como este “proporcionamos herramientas para garantizar la viabilidad de futuro de los Centros Especiales de Empleo”. “La crisis no puede ser una excusa por la que estas personas queden excluidas de la actividad laboral”, subraya.
Las líneas de actuación en Cataluña se centran en el apoyo económico y financiero a los Centros Especiales de Empleo, especialmente a aquellos que desean diversificar su actividad mediante nuevas líneas de negocio o para los que tengan problemas coyunturales de financiación debido a la actual situación económica.
Así, Triodos Bank ha puesto a disposición de los CEE catalanes una serie de productos de financiación entre los que se encuentra el adelanto de subvenciones o contratos aprobados por cualquier Administración pública o empresa pública, la financiación complementaria de inversiones y distintas pólizas de crédito.
Este acuerdo y el resto de acciones se han adoptado porque, según reconoce Berbel, “en Cataluña hay CEE que se encuentran en una situación especialmente vulnerable”. En este sentido, además de las citadas ayudas, han creado un servicio de asesoría y consultoría sobre planes de viabilidad, comerciales y de reorientación de actividades “que les permita salir de la crisis y hacerlo reforzados”.
La reserva de contratos públicos para estas empresas será una de las iniciativas que el Ejecutivo catalán adopte en los próximos meses. En este aspecto, Berbel indica que “aún no se han tomado medidas en este sentido, pero lo estamos planteando. Queremos ampliar las cuotas y estamos realizando una guía metodológica para que todas las Administraciones públicas de la comunidad sepan como incluir cláusulas sociales para reservar un porcentaje de los contratos a CEE”.
Los CEE de Economía Social son otra de las prioridades para esta Consejería. Su directora general asegura que “necesitan visibilidad” y para proporcionársela en esta comunidad están elaborando un catálogo de CEE para distribuirlo masivamente entre las Administraciones públicas y las empresas.
Para afrontar futuras medidas, al igual que se da en otras autonomías, la representante catalana de empleo resalta la existencia de una mesa de diálogo en la que “las asociaciones de los CEE plantean sus propuestas”.
NAVARRA
Las iniciativas en esta comunidad están enfocadas a incrementar las inversiones en las entidades del empleo protegido, para lo cual han aumentado la partida económica de ayuda pública en este capítulo, según fuentes de la Consejería de Innovación, Empresa y Empleo. Así, “podrán mejorar en calidad y competitividad en tiempos de crisis”, resaltan. “Es momento –añaden- de que renueven instalaciones, tecnología y equipamientos para afrontar el futuro con más garantías”.
Además, como medida extraordinaria, la Comunidad Foral subvencionará este año con 1.900 euros la contratación de un empleado con discapacidad en los Centros Especiales de Empleo. Según los responsables de empleo navarros, esta ayuda responde a la “necesidad de formación del capital humano en las entidades de empleo protegido”.
Asimismo, para aquellos CEE que pasen especiales dificultades han previsto la posibilidad de prestar subvenciones en casos de quiebra o similares, aunque aseguran que aún no se ha producido ninguno.
Por otro lado, desde la Consejería de Innovación, Empresa y Empleo aseguran que “el pago de las subvenciones públicas a estas empresas se hace de forma puntual al mes siguiente de su devengo”. “En este sentido, no hemos tenido problemas”, resaltan.
La contratación pública es otra de las acciones urgentes que han decidido acometer desde esta Consejería. En este sentido, están modificando la normativa para garantizar que un 10% de los contratos del Ejecutivo Foral salga a concurrencia entre los CEE y los Centros de Inserción Sociolaboral.
BALEARES
La Comunidad balear ha decidido incrementar la partida de subvenciones destinada al empleo protegido. De esta forma, han aprobado recientemente una serie de medidas urgentes. Así, el Gobierno autonómico estableció, el pasado 4 de marzo, una convocatoria de ayudas por valor de 1,8 millones de euros para mantener loa puestos de trabajo en los CEE, de forma que se comprometen a pagar el 50% del salario mínimo de sus trabajadores a tiempo completo. Asimismo, a finales del citado mes publicaron una ayuda para las Unidades de Apoyo por una cuantía total de 270.000 euros, con el fin de sufragar los salarios del personal que las integra.
En 2008, la financiación total del coste salarial fue de 2.342.784 euros y benefició a 28 entidades, mientras que en la destinada a las Unidades de Apoyo se asistió a cuatro entidades por un importe de 199.408 euros. También el pasado año hubo una convocatoria de ayudas para aquellos proyectos que generaran empleo para el colectivo, dotada con 715.564 euros, que se destinó a la constitución de nuevos CEE, la ampliación de las plantillas de los ya existentes y la creación de empleo para personas con grandes discapacidades y mujeres con discapacidad.
PAÍS VASCO
Las reuniones mantenidas entre el Gobierno vasco y entidades representativas de los CEE, como EHLABE (Euskal Herriko Lan Babestuaren Elkartea- Asociación de Entidades de Trabajo Protegido del País Vasco), socio FEACEM, han resultado fructíferas porque, según la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales vasca, han detectado “las medidas de urgencia para la sostenibilidad de los empleos de las personas con discapacidad en los CEE”. Además, gracias al “diálogo directo” que mantienen con los representantes del empleo protegido, resaltan que su Ejecutivo apoyará a estas entidades como “agentes clave” en el fomento del empleo de las personas con discapacidad.
Entre las acciones que se adoptarán se encuentra la creación de un Fondo Extraordinario del que podrán beneficiarse los sectores industriales más castigados por la crisis. Se trata de un fondo, aún sin cuantificar, que financiará a los CEE para mantener los niveles actuales de empleo y su viabilidad económica, así como para puedan reorientar sus actividades productivas o los servicios que prestan.
En cuanto a los contratos públicos, en la Administración vasca está establecido, a través de la resolución 6/2008, del 2 de junio, que las entidades de las Administraciones públicas de la comunidad reserven anualmente determinados contratos a Centros Especiales de Empleo. En este sentido, los representantes de la Consejería de Empleo resaltan que el Ejecutivo vasco “asume que debe ser un referente de buenas prácticas en materia de contratación de personas con discapacidad”.
Respecto a las actuaciones para acelerar el pago de subvenciones a Centros Especiales de Empleo, una de las preocupaciones del Gobierno autonómico es que este proceso de transferencia “no sólo no repercuta en el pago de las ayudas, sino también favorezca su adaptación al cambio y mejore la competitividad”.
Preguntados por si prevén establecer alguna medida que favorezca a los centros de iniciativa social, los responsables vascos de empleo reconocen que “deberían tener un tratamiento diferenciado por parte de la administración en cuanto a las ayudas, ya sean de urgencia o de la normativa vigente, dirigidas a la inversión en activo fijo”.
En relación a posibles acuerdos con entidades financieras o con el ICO, están dispuestos a “estudiar cada caso y ayudar a los CEE a buscar la mejor manera de sostener sus niveles de empleo, de la forma más razonable posible, en base al criterio de viabilidad de cada actividad productiva o a la reorientación de la misma”.
GALICIA
En la comunidad gallega, según su Dirección General de Promoción de Empleo, hay un “amplio abanico de ayudas y subvenciones públicas con las que se pretende garantizar la viabilidad y sostenibilidad del empleo protegido”. Entre estas actuaciones está previsto el pago anticipado de hasta el 50% de la subvención del coste salarial anual, aunque desde esta Administración matizan que este anticipo “no ha sido solicitado por ningún CEE”.
En esta autonomía revelan que “tras las reuniones mantenidas con las entidades representativas del movimiento asociativo gallego acordaron que se acelerase el pago de las ayudas a los Centros Especiales de Empleo de la comunidad”. “Así -destacan- muchos de ellos ya están cobrando las subvenciones correspondientes al último trimestre de 2008 y a los primeros cuatro meses de este año”.
Respecto a la cuota de reserva de contratos públicos en Galicia aseguran que “dentro de los principios de libre mercado ya estamos trabajando en valorar técnica y jurídicamente la posibilidad de establecer unos porcentajes de contratación mínima de los distintos departamentos de la Xunta en favor del empleo protegido”.
Los acuerdos con bancos para la concesión de créditos a los centros también es otra de las acciones que el Ejecutivo gallego adoptará próximamente. Por eso, aunque insisten en que los CEE no les han planteado esta medida, han rubricado un acuerdo con las principales entidades financieras de la comunidad para conceder créditos a los CEE que decidan ampliar la plantilla, “pero no para regularizar situaciones de falta de liquidez”.
Asimismo, desde la Xunta aseguran que aprovecharán “al máximo” las posibilidades de la legislación para conceder créditos a coste cero.
CASTILLA Y LEÓN
Castilla y León, como la gran mayoría de comunidades consultadas, también ha constituido un “grupo de trabajo permanente” desde principios de año, que se encarga de “evaluar los problemas y necesidades del empleo protegido en estos momentos de dificultad”. Como resultado del debate en el mismo, desde la Consejería de Economía y Empleo, resaltan que “ya tienen en marcha algunas medidas que, de forma integral, pretenden facilitar la consolidación de los puestos de trabajo en los CEE”.
La reserva de contratos públicos al empleo protegido está también entre las actuaciones previstas. “Será una de las medidas que se estudiarán en los grupos de trabajo y esperamos tenerla lista antes de que finalice el año”, indican.
Para agilizar el pago de subvenciones, en Castilla y León han firmado un convenio que permite a sus Centros Especiales de Empleo recibir las subvenciones en el momento previsto. Además, la Junta suprimirá los costes de financiación anticipada firmados con la entidad financiera correspondiente. “De esta forma, -destacan- la Administración avala a las entidades de empleo protegido para que dispongan del dinero que necesitan”.
Además de estas medidas, el Gobierno autonómico se muestra dispuesto a implantar “todas aquellas actuaciones que sean beneficiosas para mejorar el funcionamiento y la viabilidad” de estas empresas, ya sea de forma autónoma o en colaboración y coordinación con otros organismos de la Administración del Estado, incluido el Instituto de Crédito Oficial. En este sentido, reiteran “su implicación para solucionar las peticiones concretas que les trasladen desde los CEE”.
CASTILLA-LA MANCHA
La primera medida que han adoptado desde la Consejería de Empleo castellano- manchega ha sido la de pagar anticipadamente las subvenciones por mantenimiento del empleo en CEE con el fin de incrementar su liquidez. Así, Reinaldo de la Fuente, director general de Trabajo e Inmigración de Castilla- La Mancha, asegura que en su comunidad “anticipan el importe de estas ayudas trimestralmente desde el año pasado”. “De esta forma- prosigue- en enero se adelantaron las subvenciones de los tres primeros meses y así sucesivamente”. Según De la Fuente, gracias a esta actuación “se consigue que los Centros Especiales de Empleo tengan la liquidez suficiente para hacer frente al pago de los salarios”.
Además de esta iniciativa, destaca la Estrategia regional de Empleo para Personas con Discapacidad, que está pendiente de ser aprobada. La normativa recoge los mismos puntos que la Estrategia Global de Empleo aprobada por el Gobierno central (formación para personas con discapacidad, apoyo a los CEE, empleo con apoyo, enclaves laborales…), adaptados a esta comunidad. Según destaca De la Fuente, “la estrategia regional ha sido presentada a las asociaciones de Centros Especiales de Empleo de nuestra autonomía y hemos valorado sus propuestas e introducido algunas de ellas”. En este sentido, reitera que desde su Consejería mantienen un contacto “directo y fluido” con el empleo protegido, porque consideran que “son empresas que ofrecen empleo de calidad para las personas con discapacidad”.
La reserva de contratos públicos para Centros Especiales de Empleo es otra de las actuaciones que contempla el Ejecutivo autonómico. “Estamos dialogando con la Consejería de Economía y Hacienda para establecer normas que faciliten la contratación pública de las empresas de empleo protegido, bien a través de una reserva o de una priorización”, explica el dirigente autonómico.
Respecto al establecimiento de créditos específicos para entidades de empleo protegido, De la Fuente asegura que han firmado acuerdos con bancos y con el Instituto de Crédito Oficial para conceder préstamos a pymes “a los que los CEE también pueden acogerse”.
ANDALUCÍA
Preguntados por las medidas coyunturales que están tomando para ayudar al empleo protegido a salir de la crisis, desde la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía remiten al Plan de Empleabilidad para Personas con Discapacidad, del 20 de noviembre de 2007 que, según sus responsables, “recoge un gran número de actuaciones destinadas a mejorar la integración laboral del colectivo entre las que se incluye la potenciación de los Centros Especiales de Empleo como entidades que posibilitan el acceso al mercado de trabajo de las personas con discapacidad”.
Con respecto al pago de las subvenciones públicas, aseguran que las ayudas “se abonan de forma regular por parte del Servicio del Servicio Andaluz de Empleo” y reiteran que “no existen atrasos en los pagos”.
Aunque no prevén la colaboración con el Instituto de Crédito Oficial para establecer créditos dedicados al mantenimiento del empleo en los CEE, en la Consejería andaluza de Empleo explican que su normativa autonómica “contempla la posibilidad de conceder ayudas no excepcionales para reequilibrio financiero que ayuden a mantener la viabilidad de los Centros Especiales de Empleo”. Si bien, informan de que “no han planteado acciones” sobre acuerdos entidades financieras para la concesión de créditos específicos a Centros Especiales de Empleo.
En cuanto a establecer algún tipo de ayuda de discriminación positiva para los CEE de iniciativa social, desde esta Consejería consideran que “no existe distinción respecto a la titularidad de los CEE, ya sean entidades mercantiles o entidades sin ánimo de lucro”.
Para acometer acciones futuras, los responsables de Empleo andaluces informan de que tanto desde el Servicio Andaluz de Empleo como desde la Dirección General de Autónomos, Igualdad y Fomento del Empleo mantienen una “relación fluida” con la Asociación de de Centros Especiales de Empleo de la Comunidad Andaluza (ACECA).
MURCIA
El Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF) de la Comunidad de Murcia remite a la normativa vigente en su autonomía cuando se le pregunta por medidas coyunturales ante la crisis. Así, aseguran que subvencionan hasta con 300.000 euros las inversiones de los CEE en activos fijos (locales comerciales, maquinaria, reformas, equipos informáticos…). “Estas inversiones se subvencionan en su totalidad en el caso de los Centros Especiales de Empleo de iniciativa social y en un 70% en el resto”, explican.
Para la creación de nuevos Centros Especiales de Empleo, fuentes del SEF revelan que otorgan ayudas de “asistencia técnica” (estudios de viabilidad, auditorías, asistencia en la selección de personal...) por un valor máximo de hasta 6.000 euros. Asimismo, subvencionan “parcialmente” los intereses de los préstamos que las empresas de empleo protegido obtengan de entidades de crédito. De esta forma, las ayudas consisten en el 70% de los intereses y la “cuantía máxima subvencionable del principal préstamo será de 800.000 euros, mientras que el importe de la subvención financiera por puesto de trabajo estable creado no podrá superar los 3.000 euros”, señalan.
Asimismo, añaden que “los CEE pueden solicitar una o varias de estas ayudas, siempre y cuando no supere el importe de 12.000 euros por cada puesto de trabajo creado y el 90% de los trabajadores del Centro Especial de Empleo tengan alguna discapacidad”. “Como novedad este año –subrayan-, dicha cantidad se aumentará a 18.000 euros” cuando la entidad promotora sea una entidad sin ánimo de lucro y los trabajadores contratados presenten especiales dificultades de acceso al mercado ordinario de trabajo.
Con la finalidad de consolidar los puestos de trabajo de personas con discapacidad, en esta autonomía conceden, con “carácter excepcional y por una sola vez en la vida del CEE”, una ayuda máxima de 60.000 euros para su saneamiento financiero.
Para los Centros Especiales de Empleo de iniciativa social, además de la ayuda a la inversión anteriormente mencionada, conceden una subvención máxima de 30.000 euros al equilibrio presupuestario con el fin de “paliar situaciones coyunturales o deficiencias económico financieras a corto plazo y limitadas al año de vigencia”, aseguran los responsables de empleo autonómicos.
ASTURIAS
Las medidas que desde la Consejería de Industria y Empleo asturiana están tomando para ayudar a las empresas del empleo protegido provienen del Acuerdo para la Competitividad, el Empleo y el Bienestar de Asturias 2008-2011. En él, figuran según esta Consejería, apoyos para la inversión, la creación y el mantenimiento del empleo de las personas con discapacidad en los CEE.
Respecto a la inversión, el Gobierno de Asturias subvenciona hasta el 40% de los costes en activos fijos por parte de Centros Especiales de Empleo. Estas ayudas están destinadas a los proyectos de construcción, instalación o ampliación de las infraestructuras, la adaptación de las mismas, la adquisición de equipos o programas informáticos. La cuantía de esta ayuda, según la normativa, está sujeta a “la obligación voluntaria del CEE”.
Para la creación de empleo, el ejecutivo asturiano apoya los intereses de préstamos hasta en un 3%; proporcionan asistencia técnica para la contratación por una cuantía hasta 4.808 euros, que se incrementa hasta los 12.020 euros para los Centros Especiales de Empleo de iniciativa social.
Aquellas empresas de empleo protegido que soliciten estas ayudas, deben haber aumentado su plantilla en el último año. Asimismo, los contratos deben ser indefinidos y tener una duración mínima de tres años, entre otros requisitos. La cuantía de la ayuda de estas tres líneas, no podrá superar los 12.020 euros en caso de que la plantilla del CEE supere el 90% de trabajadores con discapacidad, mientras que es de 9.015 euros en caso de quedarse entre el 70 y el 90%.
Las ayudas al mantenimiento del empleo en esta comunidad incluyen la bonificación de las cuotas de la Seguridad Social; la subvención del 50%del Salario Mínimo Interprofesional de cada empleado; la adaptación al puesto de trabajo por valor de hasta 1.800 euros y los gastos de las unidades de apoyo con una cuantía de 1.200 euros por trabajador.
CANARIAS
Para ayudar a los Centros Especiales de Empleo a hacer frente a la crisis los responsables del Servicio Canario de Empleo, al igual que en otras comunidades aseguran que “han adaptado su procedimiento para acelerar el pago de las mismas, de tal manera que el ingreso sea periódico y mensual, haciéndose el ajuste de cantidades para todo el año”. De esta forma, “se permite que cada CEE tenga, de forma individualizada y según los gastos, una expectativa de ingreso periódico y mensual”. Asimismo, aclaran que la subvención estaría sujeta a los “ajustes que se pudieran producir en las plantillas de las entidades de empleo protegido”.
Otra de las actuaciones que están adoptando son las visitas a empresas para informarles acerca de los incentivos que conlleva la contratación de productos y servicios Centros Especiales de Empleo.
“Estas visitas son realizadas por nuestros orientadores profesionales y en ellas también les informamos de la LISMI y de las medidas alternativas”, puntualizan los responsables del Servicio Canario de Empleo.
Respecto a acuerdos con entidades financieras para la concesión de créditos afirman que “no han recibido por parte de los CEE canarios la solicitud de esta medida”. En relación a acuerdos con el ICO, destacan que esta entidad posee ayudas destinadas a pymes de las que los Centros Especiales de Empleo “se pueden beneficiar”. Asimismo, en esta autonomía no se han planteado ni los anticipos de capital ni medidas de discriminación positiva para CEE de iniciativa social porque en este momento “no les parece viable”, explican.
Asimismo, aunque no han establecido ninguna medida desde esta comunidad apuntan que están “realizando estudios jurídicos y técnicos para establecer una cuota de contratos públicos para Centros Especiales de Empleo
Desde la Administración insular aseguran que “están en permanente contacto con los representantes de los CEE”, lo que les ha permitido conocer “la situación en la que se encuentran y ayudarles ante cualquier incidencia”. También informan de que mantienen cada tres meses reuniones con la comisión asesora en materia de colectivos de difícil inserción, para ayudar a las personas con discapacidad en el ámbito laboral.
* Para la realización del reportaje nos hemos puesto en contacto con todas las CCAA, teniendo una respuesta desigual por las mismas.
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