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Federación Empresarial Española de Asociaciones de Centros Especiales de Empleo

01/01/2010

Boletín mensual

Entrevista

María José Sánchez, portavoz socialista de la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad  “La Convención de la ONU sobre derechos de las personas con discapacidad es el modelo para cambiar la LISMI”  Imagen de María José Sánchez “Es el momento de evaluar la ley de contratos para hacerla más efectiva”
“El incremento en la subvención del SMI evitará la destrucción de empleo en los CEE”  

María José Sánchez, portavoz socialista de la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad 

El Gobierno central ha aprobado recientemente ayudas extraordinarias para el mantenimiento del  empleo en los CEE ante la crisis y un real decreto que adelanta la jubilación de aquellos trabajadores con discapacidad con menor esperanza de vida. María José Sánchez Rubio, portavoz socialista de la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad, valora para la revista de FEACEM ambas actuaciones y destaca la Convención de de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad como un modelo a seguir para modificar la LISMI. Además, también comenta otros asuntos de interés para el empleo protegido.         Por Carlos Carrasco

Su preocupación y apuesta por el ámbito de la discapacidad y de los CEE ha sido una constante ya manifestada con su interés por la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿qué cree que puede aportar al ámbito de la igualdad? ¿Y al ámbito del empleo?

La Convención de la ONU de los Derechos de las Personas con Discapacidad supone una herramienta fundamental para garantizar su plena inclusión en la sociedad. Para que sea totalmente efectiva, habrá que eliminar todas las barreras y todas las restricciones materiales o mentales que impidan su participación real.

En materia laboral, la incorporación al mercado de trabajo de las personas con discapacidad es un elemento imprescindible para conseguir la inclusión social que la Convención de la ONU se traza como objetivo.

Recientemente se ha aprobado en el Congreso de los Diputados el Proyecto de Ley de Fomento del Empleo y Apoyo a las Personas Desempleadas,  al que se le han incorporado en su trámite parlamentario enmiendas transaccionadas por todos los grupos y que contemplan medidas de apoyo al empleo de las personas con discapacidad, particularmente a los Centros Especiales de Empleo. Sabemos que usted ha tenido una actuación destacada hasta su aprobación, ¿cómo ha sido este proceso?

 La grave crisis por la que estamos atravesando a nivel internacional se  caracteriza en nuestro país por la destrucción de empleo. Ante esta situación, desde el grupo socialista somos conscientes que los Centros Especiales de Empleo se están viendo especialmente afectados por la caída de la actividad económica, como así nos lo han manifestado el CERMI, FEACEM y los propios CEE. Por eso, presentamos una proposición no de ley en la Cámara Baja que contemplaba, entre otras actuaciones, el incremento de la subvención para el mantenimiento de los puestos de trabajo del colectivo en las empresas de empleo protegido.

La proposición se aprobó con un texto transaccionado y, por  unanimidad de todos los grupos políticos, el pasado mes de septiembre.  Entre los puntos recogidos en ella se instaba a incorporarla en el proyecto de ley de Medidas Urgentes para el Fomento del Empleo y el Apoyo a las personas desempleadas que se encontraban en esos momentos en trámite en el Congreso de los Diputados. Finalmente, fue así, se ha incluido en dicho proyecto y se aprobó el pasado 22 de diciembre.


Entre las medidas adoptadas figura  el incremento temporal de la subvención del SMI, ¿por qué lo incluyeron? ¿Cómo la valoran? ¿Podría mantenerse con carácter general o se centrará más en los colectivos con mayor riesgo de exclusión social?

Ante la perdida de actividad en los CEE existía el riesgo de destrucción de puestos de trabajo. Además, estábamos preocupados por los ERE que se estaban produciendo en algunas de estas empresas... Por eso, en estos momentos de crisis, el  incremento de subvención del SMI del 50 hasta el 75% es una medida que evitará que se destruya empleo en los CEE.

Respecto a su valoración, debemos esperar a que se aplique, pero con seguridad supondrá un apoyo importante para los CEE y esperamos que no sólo sirva para evitar perder puestos de trabajo, sino también para fomentar la contratación.

Esta medida estará vigente desde el 10 de julio hasta el 31 de diciembre de 2010 con carácter general, ampliándose a 31 de diciembre de 2011 para aquellos colectivos de personas con discapacidad con más dificultad para la inserción laboral, como son las personas con parálisis cerebral, las personas con enfermedad mental, las personas con discapacidad intelectual con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33 por 100 y las personas con discapacidad física o sensorial, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 65 por 100.

El texto de la ley contempla igualmente que durante el primer semestre de 2011, el Gobierno presentará un informe al Congreso para valorar la continuidad o no de la ampliación de la subvención para el mantenimiento del empleo en Centros Especiales de Empleo, en el marco de la Estrategia Global de Acción para el Empleo de las Personas con Discapacidad (EGEPcD).
 

La jubilación anticipada de los trabajadores con discapacidad es otro hito fundamental, pues atiende a los problemas de envejecimiento prematuro y reconoce el esfuerzo y el trabajo realizado, ¿cómo se ha gestado esta medida? ¿Cuál cree que será su impacto?
 
La medida ha sido aprobada mediante un  real decreto en el Consejo de Ministros del 4 de diciembre y contempla que los trabajadores con una discapacidad que limite su esperanza de vida se puedan jubilar a los 58 años. Esta norma va a beneficiar a personas afectadas de parálisis o daño cerebral, anomalías genéticas o congénitas y determinadas enfermedades mentales y neurológicas.

Asimismo, en ella se recogen las peticiones de las asociaciones de la discapacidad representadas en el CERMI, que venían solicitando la adaptación de la jubilación a la realidad de los trabajadores con discapacidad, con el criterio de que, al ser ésta realidad diferente de la del resto de trabajadores, precisa también de un tratamiento normativo distinto. El propio presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, informó a los colectivos representados en el Comité de su aprobación  en el encuentro que mantuvo con sus representantes  en la Moncloa, con motivo de la celebración del Día Internacional de la Personas con Discapacidad, el pasado 3 de diciembre.

En cuanto a la ayuda de 41 millones de euros que el Gobierno central destinó para paliar los efectos de la crisis en Centros Especiales de Empleo, ¿cómo se está gestionando en las comunidades autónomas su implementación?

Las competencias en materia de CEE es una labor de las comunidades. Las ayudas aprobadas tenían como fin apoyar la integración laboral en los CEE y, con seguridad, las administraciones autonómicas destinarán las ayudas transferidas al fin previsto.

Las ayudas surgen de las demandas y del diálogo con las  entidades de la discapacidad como FEACEM y el CERMI, ¿cómo es su diálogo con estos interlocutores sociales?, ¿cómo han ido evolucionando estas  conversaciones?, ¿De qué forma intermedia hacia su grupo político respecto a  las peticiones que le realizan? ¿Y con respecto al Ejecutivo?

Como portavoz del grupo socialista en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad mantengo un diálogo permanente y fluido con las entidades de la discapacidad.  En materia de empleo protegido, el diálogo es con FEACEM y con el CERMI. Así, las propuestas recibidas desde ambas entidades las traslado a mi grupo y, en la medida de lo posible, procuramos convertirlas en iniciativas parlamentarias. Todo  este proceso lo llevamos a cabo en estrecha colaboración con el Ejecutivo.

La LISMI es una normativa que lleva vigente desde 1982, y pese a que ha tenido modificaciones parciales, es una norma basada en el modelo médico de la discapacidad, ¿es necesaria otra ley? ¿Cómo debería ser? 

La LISMI fue una ley pionera en materia de derechos de las personas con discapacidad en España. Con posterioridad a la misma se ha legislado ampliamente en materia de discapacidad, por hacer referencia algunas leyes, citaré la LIONDAU del 2003 o la ley para la autonomía persona de 2006, así como distintas  normativas en materia social, laboral, educativa, etc...

Por otra parte, Trinidad Jiménez, ministra de Sanidad y Política Social ha manifestado recientemente que su ministerio está trabajando en la adaptación normativa a la Convención de la ONU de los derechos de las Personas con Discapacidad, que representa el modelo a seguir.

Hace algunos meses se aprobó el Plan de Acción de la Estrategia Global de Empleo para Personas con Discapacidad, ¿cómo se pondrán en marcha  algunas de las líneas de actuación que éste contempla? ¿Prevé su implicación en este ámbito?

La Estrategia viene a cubrir los vacíos que en esta materia  había dejado la LISMI y abre caminos hacia la integración sociolaboral, la igualdad y la no discriminación en el empleo de las personas con discapacidad. Ya se están poniendo en marcha las líneas de actuación contempladas en su Plan de Acción, que seguiremos y evaluaremos desde la Comisión de Políticas Integrales de la Discapacidad. Personalmente estaré implicada como portavoz del grupo socialista. 

Respecto a los contratos del sector público, ¿qué opina de la reserva de un porcentaje para los Centros Especiales de Empleo?

La Ley de Contratos del Sector Público establece la posibilidad de reserva de participación en los procedimientos de adjudicación de contratos a Centros Especiales de Empleo y de la reserva de ejecución en el marco de programas de empleo protegido. Esta normativa es muy reciente, se aprobó a finales del año 2007, y quizá sería el momento de evaluarla y estudiar la posibilidad de que la aplicación de la norma consiga la mayor efectividad posible.

La visibilidad de los CEE es uno de sus grandes objetivos, ¿qué opina de alguna medida para favorecer la contratación de entidades de empleo protegido por parte de la empresa ordinaria?

Cualquier propuesta que incida en incrementar la actividad del empleo protegido es bienvenida y merece ser estudiada con atención.
           

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