El Cermi insta a las comunidades a aprobar una ley de contratación pública como la de Navarra
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha instado a las Comunidades Autónomas a seguir el ejemplo de la Comunidad Foral de Navarra que ha aprobado una ley que obliga a reservar el 6% de los contratos públicos a empresas sociales.
Dicha normativa establece los topes mínimos y obligatorios de reserva de participación en los procedimientos de adjudicación a favor de Centros Especiales de Empleo o Centros de Inserción sociolaboral.
La medida amplía la legislación estatal en la materia, al favorecer la dimensión social de la contratación pública, estableciendo una reserva obligatoria de un 6% a favor de empresas de iniciativa social dirigidas a grupos vulnerables. La legislación estatal permite a cada órgano contratante realizar estas reservas, pero no lo impone como obligatorio.
Con esta ley se está dando un paso importante en el camino hacia la integración laboral de las personas con discapacidad y se respaldan las propuestas formuladas por el Cermi en el "Manual de Contratación Pública Socialmente Responsable". En él se propugna el establecimiento de un porcentaje mínimo y obligatorio de reserva de contratos computado precisamente sobre el importe anual de contratación del ejercicio anterior.
En opinión del Cermi, "en un momento de grave crisis económica, con efectos letales para el empleo de los grupos sociales en riesgo de exclusión, medidas como la adoptada por la Comunidad de Navarra pueden contribuir al mantenimiento del empleo y de las empresas que ofrecen trabajo a personas con discapacidad".
MEDIDAS DE HACIENDA
Por otro lado, el Comité también ha valorado las medidas fiscales que el Ministerio de Economía y Hacienda aprobará para la tributación de módulos en 2010 y que favorecerá la contratación de trabajadores con discapacidad.
Según consta en el proyecto de norma, se mejora el porcentaje de deducción aplicable en los casos de personas con discapacidad para el cómputo del personal contratado, elevándose del 40% actual al 60%, indica el Cermi.
En la misma línea, para promover el autoempleo de las personas con discapacidad se mejoran en un 20% los índices correctores por inicio de actividad. De esta forma, el actual índice corrector por inicio de
actividad (80% el primer año, 90% el segundo) se incrementa cuando el autónomo es una persona con discapacidad y pasa a ser, respectivamente, el 60% y 70%.
Según el comunicado, "todas estas medidas habían sido propuestas por el Cermi en los últimos años, y ahora Hacienda se hace eco de ellas, lo que indica la viabilidad de las propuestas de la discapacidad
organizada", afirma el Comité.