El Gobierno incentivará la contratación de personas con discapacidad en su nuevo anteproyecto de Ley de la Economía Social
El Gobierno ha anunciado en el Consejo de Ministros que presentará en los próximos seis meses el anteproyecto de Ley de Economía Social, que regulará las entidades del Tercer Sector (Centros Especiales de Empleo, empresas de inserción, cooperativas, fundaciones y asociaciones), que según la ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, representan “una fuente de riqueza extraordinaria porque suponen el 10% del empleo nacional y un 5% del PIB”.
Así, el Ejecutivo adoptará medidas para reforzar las funciones de estas entidades como la introducción de criterios sociales en la contratación pública para dar preferencia en los procesos de licitación a las empresas que tengan en sus plantillas más de un 2% de trabajadores con discapacidad e incentivará la contratación de personas en riesgo de exclusión por parte de las empresas de inserción.
El anuncio se ha hecho efectivo durante la adopción en el Consejo de Ministros de una serie de medidas para impulsar la inclusión social y el Tercer Sector, tales como la dotación a los ayuntamientos de 737 millones de euros para políticas sociales, de los que casi 300 serán para programas destinados a la inclusión de los sectores más desfavorecidos.
MEDIDA "MUY POSITIVA"
El presidente de la ONCE y su Fundación, Miguel Carballeda, calificó de "camino abierto" para mejorar la capacidad de acceso a un empleo digno para las personas con discapacidad, las nuevas medidas para reforzar el Plan de Acción para la Inclusión Social 2008-2010, que aprobó el Consejo de Ministros.
En declaraciones a Servimedia, Carballeda señaló que la introducción de criterios sociales en la contratación pública para dar preferencia a las empresas que tengan en sus plantillas más de un dos por ciento de trabajadores con discapacidad "es una medida muy positiva”. “La Administarción tiene que dar ejemplo y primar en su contratación a las empresas que cumplen la ley, en este caso, la normativa que establece que las empresas deben incorporar en sus plantillas a personas con discapacidad", destacó.
"Es un camino abierto para mejorar nuestra capacidad de acceder a un empleo digno y, muy importante, para generar entre los empresarios una cultura proactiva para aprovechar el talento de las personas con discapacidad. Si se cumpliese el 2% que marca la Ley, hoy por hoy se cumple solo el 1%, se podrían crear 50.000 nuevos puestos de trabajo para personas con discapacidad", agregó, el presidente de la ONCE y de su Fundación.
Sobre los 14 millones más que se aportarán del IRPF a programas contra la exclusión social, Carballeda subrayó que "la solidaridad que la ciudadanía muestra con el 0,7% de sus impuestos no puede tener mejor destino que apoyar a otros fines sociales a quienes se encuentran en determinados riesgos, y especialmente para aquellos ciudadanos con riesgo de exclusión social que, en estos tiempos de recesión económica, sufren aún más. No podemos permitir que la crisis genere un aumento de los grupos en exclusión y dar marcha atrás en los logros alcanzados".
También se mostró muy satisfecho el presidente de la ONCE y su Fundación sobre los 30 millones de euros que destinará el Gobierno en políticas de inclusión social a través de la ONG. "La importancia del sector asociativo en España ha puesto de manifiesto que, mejor que nadie, quienes trabajan directamente con los sectores más afectados son los más apropiados para que los recursos tengan un mejor y mayor aprovechamiento. Cualquier incremento en estas políticas se traducirá sin duda en mejores posibilidades de acceder a un empleo para estas personas. En el último año, se ha reducido un 27% el nivel de contratación de estas personas, mientras que se ha incrementado un 32% la demanda de empleo por parte de personas vulnerables.
Con estos nuevos fondos, se podrá ampliar la formación a más de 30.000 ciudadanos en riesgo de exclusión, entre ellos personas con discapacidad, y lograr un empleo para unos 4.000. La mejor manera de inclusión social es la creación de empleo".
Por último, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapcidad (Cermi) valoró como "necesarias y muy positivas" las medidas extraorinarias de refuerzo de las políticas públicas de inclusión social aprobadas por el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Sanidad y Política Social.
Además, el citado Comité señaló que "en unos momentos de aguda crisis económica como el que atravesamos, con efectos en la cohesión social y en las condiciones de vida y en el bienestar de los ciudadanos, son precisas políticas y programas reforzadas de inclusión social, dirigidos a los grupos más expuestos a la exclusión y a la pobreza".