Retrasos en el cobro de las subvenciones públicas: la homogeneidad normativa como solución
Por Carlos Carrasco
Los retrasos en el cobro de las subvenciones públicas siguen siendo uno de los principales problemas a los que se enfrentan las empresas de empleo protegido. A las demoras que sufren en las subvenciones que deben recibir por ley dada su calificación como CEE, se le une el retraso de las ayudas económicas de carácter extraordinario que el Gobierno central y algunas comunidades autónomas destinaron para estas entidades. La falta de homogeneidad en el pago de subvenciones debe desaparecer para que los Centros Especiales de Empleo salgan de la actual coyuntura económica en una buena posición y puedan afrontar un futuro con competitividad.
“En algunas provincias de Andalucía los retrasos en la subvenciones de los salarios de los trabajadores con discapacidad llegan a los 18 meses”. Son palabras de Francisco Álvarez, presidente de la Asociación de Centros Especiales de Empleo de Enfermos Mentales (ADECEM), quien destaca, además, que la cuantía económica de la ayuda estatal extraordinaria que correspondía a Andalucía tampoco ha llegado a los CEE.
Del mismo modo se expresa María del Mar Martín, presidenta de la Asociación de Centros Especiales de Empleo de Andalucía (ACECA), quien se muestra descontenta con las demoras en el cobro de las subvenciones públicas que tienen lugar en su comunidad. Por ello, destaca que la principal petición que trasladan a la Junta de Andalucía es que “las ayudas públicas se paguen pronto y que todas las medidas y presupuestos aprobados a nivel nacional se hagan efectivos”, “Una vez se haya cumplido esto, les plantearemos otras medidas, pero la prioridad es el cobro de las subvenciones”, remarcó.
Martín explica que para acabar con estos retrasos, la Junta tiene pendiente de aprobación una nueva normativa en la que se establece que el pago de las subvenciones se hará a tres meses vencidos, por lo que se acabaría con el problema de los retrasos. “Esperemos que finalmente se apruebe esta nueva normativa”, afirma la presidenta de ACECA.
José Luis Martínez Donoso, consejero delegado del Grupo Fundosa (Fundación ONCE) y vicepresidente de FEACEM, advirtió recientemente de que “los Centros Especiales de Empleo no pueden sobrevivir si no reciben el cobro de subvenciones que las comunidades autónomas les adeudan.” En este sentido, instó a las comunidades autónomas a “agilizar su gestión”.
Por su parte, desde el departamento de comunicación de la Asociación de Centros de Empleo de COCEMFE (AECEMCO) indican que “los CEE deben recibir las subvenciones lo antes posible, porque la mayoría de ellos son sin ánimo de lucro y representan la única vía de inserción laboral para personas con discapacidades muy severas”, Asimismo, en esta entidad señalan la necesidad de que se cumplan las medidas alternativas.
Aunque la crisis económica puede perjudicar la concesión de ayudas, Alexandre Martínez, presidente de la Asociación FEAPS para el Empleo (AFEM), indica que “el problema del retraso de las subvenciones públicas viene de lejos y la coyuntura económica actual no ha hecho sino agravarlo”.
Además, en un sondeo realizado por AFEM entre sus socios sobre este asunto, se revela que la norma general son retrasos en el cobro de las subvenciones “desde los 6 a los 18 meses en todas las comunidades autónomas”.
Igualmente, el máximo responsable de AFEM advierte de que “muchos CEE trabajan para la Administración y están sufriendo retrasos en el cobro de facturas pendientes de servicios como jardinería o limpieza, algo que puede poner en peligro su viabilidad a corto-medio plazo”.
Martínez explica que antes de la crisis, las empresas de empleo protegido podían utilizar “un certificado de la Administración a modo de preconcesión de las ayudas para solicitar créditos”. Esto no era la solución -continúa- pero, de manera práctica, permitía el acceso más o menos puntual a las ayudas, Pero, ahora los bancos han restringido el crédito, por lo que, según asegura Martínez, “la medida ha dejado de ser efectiva”.
En este sentido, la creación de líneas de crédito específicas para Centros Especiales de Empleo es una de las demandas que desde el empleo protegido trasladan a las administraciones autonómicas. Según los socios de la Federación entrevistados, sus CEE no reciben ningún tipo de facilidad financiera por parte de los bancos. Así, la mayoría aseguran que son tratados como “cualquier otra empresa”. Al respecto, el presidente de ADECEM subraya que la concesión de líneas de crédito específicas puede ser una ayuda interesante para mejorar la competitividad de las empresas de empleo protegido.
EJEMPLOS A SEGUIR
Tanto la administración pública vasca como la navarra y la aragonesa son ejemplares tanto en su premura para pagar las subvenciones, como en la aplicación de su normativa destinada a los CEE. Así, Pablo Núñez, presidente de Euskal Herriko Lan Babestuaren Elkartea-Asociación de Entidades de Trabajo Protegido de Euskadi (EHLABE) indica que los pagos en el País Vasco se realizan de forma puntual, algo que ha hecho que no sean necesaria la concesión de créditos bancarios específicos para empresas de empleo protegido, No obstante, Nuñez también recalca que el incremento extraordinario de la subvención salarial (del 50 al 75% del Salario Mínimo Interprofesional), que correspondía al año 2009, aún no se ha pagado.
El presidente de la entidad vasca explica que en su comunidad autónoma se está finalizando un plan estratégico del sector que marca las líneas a seguir para hacer realidad las transferencias de las políticas activas de empleo a la administración vasca. “A partir de entonces -apunta Núñez- se podrá definir el futuro de las empresas de empleo protegido en el País Vasco, porque en dicho plan se incluyen demandas específicas como el apoyo a la financiación de los CEE, que persiguen el mantenimiento y la mejora de los empleos del colectivo”.
La Comunidad de Navarra lleva realizando en los últimos meses una fuerte apuesta por las empresas de empleo protegido. Así, hace algunos meses, aprobaron por ley la normativa de reservar al menos un 6% del importe de los contratos públicos a CEE y empresas de inserción. Desde la Asociación de Centros de Empleo de Navarra (ACEMNA) agradecen el esfuerzo del Ejecutivo navarro para aplicarla en una situación de crisis económica como la actual e instan a que se haga efectiva.
Asimismo, en ACEMNA desean que el Gobierno autonómico comience a impulsar las medidas de “sensibilización de los agentes que puedan verse afectados por la incorporación de cláusulas sociales en los contratos públicos” y también que cree una Comisión Institucional que se encargue de mejorar la coordinación administrativa con los CEE.
En Aragón tampoco parece haber problemas a la hora de cobrar las ayudas públicas. Así, Javier Guiu, presidente de ACEEA destaca que las subvenciones de los costes salariales de los Centros Especiales de Empleo se reciben, como mínimo, a los tres meses de su presentación. Asimismo, el presidente de ACEEA, destaca que, en su autonomía, el incremento de la subvención del SMI (del 50 al 75%) aprobado por el Gobierno estatal ya es una realidad y los CEE de esta comunidad son “pioneros en percibir, de oficio y sin reclamaciones previas, dicha ayuda de manos del Instituto Aragonés de Empleo”.
UNIFICAR LA NORMATIVA
Ante este panorama, el problema que encuentran los CEE para cobrar las ayudas públicas (tanto las ordinarias como las extraordinarias) parece claro. María Isabel Rodríguez, presidenta de FEAFES asegura que “el pago de subvenciones públicas no se hace de forma homogénea en todas las comunidades autónomas”, al tiempo que señala que "existen unos retrasos de entre seis y ocho meses de unas a otras”. Las consecuencias para las empresas de empleo protegido son negativas, pues según apunta Rodríguez, “complica mucho” su actividad diaria.
Para que las ayudas públicas se distribuyan a su debido tiempo en las diferentes comunidades, la presidenta de FEAFES Empleo propone unificar la normativa que hace referencia a estas subvenciones.“Cada autonomía no puede ser una batalla independiente. Si el Gobierno aprueba unas subvenciones de ámbito estatal, debe hacer que se cumplan con carácter urgente y por ello se debe dotar a cada comunidad de las herramientas necesarias para adoptarla”, finaliza.