El CERMI insiste en que la formación para el empleo sea accesible
Las instalaciones y los procesos de formación para el empleo deberán reunir condiciones de accesibilidad para personas con discapacidad, según la reciente normativa dictada al efecto por el Servicio Público de Empleo Estatal del Ministerio de Trabajo e Inmigración, informa el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI).
Con arreglo a la resolución de este Organismo publicada en el Boletín Oficial del Estado el pasado 20 de agosto(http://www.boe.es/boe/dias/2010/08/20/pdfs/BOE-A-2010-13271.pdf) , los centros y entidades de formación pertenecientes al subsistema de formación profesional para el empleo “deben disponer de los medios tendentes a facilitar la accesibilidad universal, de manera que no suponga discriminación de las personas con discapacidad y se dé efectivamente la igualdad de oportunidades, de acuerdo con lo previsto en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, así como en sus normas de desarrollo”.
Estas obligaciones de accesibilidad se extienden también a las plataformas digitales de teleformación, cuyo manejo y contenidos deberán ser accesibles para personas con discapacidad.
Finalmente, en el caso de especialidades formativas dirigidas específicamente a personas con discapacidad se “realizarán las adaptaciones y los ajustes razonables para asegurar su participación en condiciones de igualdad y deberán responder a medidas de accesibilidad universal y seguridad de los participantes”.
Además, como medidas especiales para los cursos dirigidos a las personas sordas se garantizará la presencia de intérpretes de lengua de signos o profesores que tengan dominio de la misma, utilizando material curricular de fácil comprensión para dichas personas.
Igualmente, el material curricular se adaptará a aquellas personas con deficiencias visuales totales o parciales que participen en los cursos.Todas este medidas de accesibilidad e inclusión formativa han sido planteadas por el CERMI al Servicio Público de Empleo Estatal y asumidas por Ministerio de Trabajo e Inmigración en la normativa ahora aprobada.