El Gobierno eleva al 7% la reserva de empleo público para personas con discapacidad
El Gobierno incrementará al 7% la reserva de empleo público para ciudadanos con discapacidad, en virtud de un anteproyecto de ley aprobado para adaptar la legislación española a la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Este paquete de reformas normativas es, según el Gobierno, el primer paso de otras modificaciones legales que ya se están preparando y que se aprobarán en los próximos meses.
De momento, el texto al que ha dado luz verde el Gabinete convierte en obligación legal la práctica adoptada ya por algunas administraciones públicas de elevar del 5% al 7% la reserva de empleo para personas con discapacidad. Según el documento, este incremento del 2% deberá cubrirse con trabajadores con discapacidad intelectual.
REACCIONES
La Confederación Española de Organizaciones en favor de Personas con Discapacidad Intelectual (Feaps) consideró "muy positivo" que el Gobierno haya dado "este paso".
En declaraciones a Servimedia, Juan Carlos Cid, presidente de esta entidad, recordó que la reserva de puestos de trabajo en el sector público para personas con discapacidad intelectual era una reivindicación "básica e insistente" del colectivo, por lo que ahora celebra que el Ejecutivo haya empezado a tramitar su formalización.
"En un momento especialmente delicado por la precariedad del empleo como consecuencia de la crisis económica, en la que la discapacidad intelectual se constituye en el primer eslabón que sufre el desempleo, no podemos más que valorar muy positivamente medidas como las que el Consejo de Ministros aprueba en su anteproyecto", subrayó la confederación.
Desde Feaps, apuntó su presidente, "hemos tenido algunas experiencias incipientes en el empleo público y tenemos que decir que están siendo francamente positivas", por lo que su generalización sería "muy adecuada".
SANCIONES
También en materia de empleo, el anteproyecto, calificado por María Teresa Fernández de la Vega, vicepresidenta primera del Gobierno, como "muy importante" ordena al Ejecutivo que, en el plazo de un año, promueva medidas para asegurar el cumplimiento de la reserva del 2% de los puestos de trabajo para personas con discapacidad en las empresas de más de 50 trabajadores.
Por otra parte, el documento endurece el régimen sancionador en materia de igualdad de oportunidades, discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. La normativa también asegura que “en el supuesto de que las instituciones que prestan servicios sociales cometiesen una infracción muy grave en materia de igualdad de oportunidades, accesibilidad universal o discriminación, podría conllevar la inhabilitación definitiva para el ejercicio de estas actividades”, destaca.
Asimismo, “en los procesos judiciales en los que se deduzca que ha habido discriminación por razón de discapacidad, se invertirá la carga de la prueba; es decir, corresponderá a la parte demandada probar que no ha habido discriminación como ya sucede en los casos de discriminación por razón de género”, resalta la nueva normativa.