El PP reprocha al Gobierno el recorte del 49% del Plan de Acción para Personas con Discapacidad
La diputada popular Lourdes Méndez ha asegurado que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero "ha fracasado rotundamente en política social", a pesar de presumir de que nunca haría recortes sociales y le reprochó que el Plan de Acción para las Personas con Discapacidad sufra el año que viene una disminución presupuestaria del 49%.
Méndez se expresó así en la Comisión de Sanidad, Política Social y Consumo del Congreso de los diputados, en la que compareció el que hasta ahora era secretario general de Política Social y Consumo, Francisco Moza, para informar de los presupuestos que tiene previsto aplicar su departamento el año que viene.
Moza argumentó que la disminución en el presupuesto del Plan de Acción para Personas con Discapacidad recaerá en las transferencias que el Estado hace a las comunidades autónomas para poner en marcha el citado plan, que se financia también con dinero de las autonomías.
Por este motivo, dijo, "negociaremos con las comunidades cómo reajustar de forma más eficiente la financiación" de este Plan de Acción para Personas con Discapacidad.
En su intervención, el secretario general recordó que el presupuesto para políticas de discapacidad en 2011 ascenderá a un total de 10.563.000 euros, algo más de 1.5 millones de euros menos que en 2010, cuando el presupuesto fue de 12.104.000 euros.
Como novedad en este año, prosiguió el representante del Ministerio de Sanidad y Política Social, el Gobierno destinará un total de 750.000 euros para la aplicación del Convenio con la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE) para facilitar intérpretes de lengua de signos.
En este apartado, Moza explicó que el Ejecutivo mantendrá las ayudas a las organizaciones de personas con discapacidad (5,2 millones de euros), puesto que su labor en defensa de los intereses de este colectivo "resulta esencial".
En general, concluyó Moza, los presupuestos para políticas sociales en 2011 serán "austeros", recortarán las partidas que no afectan directamente a los ciudadanos y respetarán aquellas que suponen prestaciones directas y creación de empleo.