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Federación Empresarial Española de Asociaciones de Centros Especiales de Empleo

01/10/2011

Boletín mensual

Reportaje

El Foro "CON R", una apuesta por las cláusulas sociales en los contratos públicos

Antonio Sánchez de la Fuente

Una de las principales fórmulas para impulsar el acceso al empleo de las personas con discapacidad consiste en la inclusión de cláusulas de tipo social en los contratos de la Administración Pública. Hasta el momento dicha fórmula apenas se había utilizado en nuestro país, pero la aprobación de la Ley de Contratos del Sector Público constituye una oportunidad para ponerla en práctica. Con el fin de promover la inclusión de las cláusulas sociales, empresas privadas punteras en nuestro país y representantes del sector de la discapacidad han constituido el Foro de Contratación Pública Responsable, plataforma pionera en España, que trata de conseguir que una gran parte del dinero que se invierte en contratos públicos se destine a generar empleo estable y de calidad para personas con discapacidad.

 

DEFINICIÓN Y OBJETIVOS


 

El Foro de Contratación Pública Socialmente es una plataforma integrada por distintas empresas y representantes del Tercer Sector que pretende promover la inclusión de cláusulas de contenido social en la contratación administrativa, para favorecer al colectivo de las personas con discapacidad, al amparo de la Ley de Contratos del Sector Público.

 

Estas cláusulas de contenido social se pueden definir como un mecanismo que permite incluir aspectos de las políticas sociales en la contratación que realizan las administraciones y entidades públicas; y en este caso facilitan la adjudicación de contratos públicos a Centros Especiales de Empleo y generan oportunidades laborales para personas con discapacidad.

 

El Foro pretende convertirse en un vehículo de difusión de estas cláusulas sociales recogidas en los contratos de las administraciones, convirtiendo esas buenas prácticas socialmente responsables en estímulo y ejemplo para otras administraciones. Así, uno de sus objetivos principales es que tanto los líderes de las organizaciones, como las administraciones, como los técnicos sean conscientes de la importancia de las cláusulas sociales en los contratos del sector público porque, como explica el gerente del Foro, Javier Blanco, “la razón principal por la que no se han aplicado hasta ahora es por desconocimiento”. Con este fin, organizan eventos, ponencias y jornadas a nivel interno y externo para aumentar su difusión.

 

Para Blanco, “el éxito del Foro será el número de contratos, concretos, que salgan con cláusulas sociales, ahí es donde se podrá cuantificar su labor. Es un objetivo a largo plazo, porque es el principal, pero también a corto, porque queremos que se empiece a plasmar desde ya. Todo esto pasa por lograr comunicar y dar a conocer la existencia de esta posibilidad”, apunta.

 

Javier Blanco, Gerente Foro Contratación Pública Responsable

 

Otra de las metas fundamentales de esta plataforma es convertirse en punto de encuentro entre empresas y centros especiales de empleo, que permitirá el desarrollo de acciones conjuntas con clara vocación social, misión en la que FEACEM juega un papel principal.

 

Por último, el objetivo a largo plazo que se marcan desde el Foro de Contratación Pública Socialmente Responsable es que formen parte de él todas las empresas importantes de este país, “porque es una forma de dar ejemplo hacia las Administraciones Públicas y hacia toda la sociedad”.

 


NACIMIENTO, EVOLUCIÓN Y MIEMBROS DEL FORO

 


El Foro de Contratación Pública Socialmente Responsable se gesta en el año 2009, en unos desayunos informales en los que tomaban parte diferentes empresas privadas y el sector de la discapacidad, representados por el CERMI, FEACEM y la Fundación ONCE entre otros.

 

Como explica Blanco, en esos desayunos informales se hablaba de cómo darle un uso alternativo a lo que se invertía en compras públicas, un uso que pudiese redundar en un beneficio social. Analizando la situación, se detectó que, a pesar de la existencia de legislación social abundante, y de una Ley de Contratos del Sector Público que contempla la posibilidad de introducir cláusulas sociales en los contratos de las Administraciones Públicas, existía un déficit de aplicación importante en este sentido.

 

Por eso, a iniciativa de la Fundación ONCE y el CERMI, se decidió crear una plataforma para impulsar, en la práctica y no solo en la teoría, la aplicación de esas cláusulas y además, para hacer ver tanto a administraciones como a empresas contratistas el beneficio que les reporta, a ellas y a la sociedad, el hecho de incorporar prácticas sociales. Así, tras una serie de reuniones, el Foro se constituyó en asociación sin ánimo de lucro a mediados del año 2010.

 

En esa fase embrionaria se concretaron las líneas estratégicas, que, como ya se ha mencionado, consisten en promover la inclusión de cláusulas de contenido social en la contratación administrativa, convertirse en un vehículo de difusión de las cláusulas sociales y ser un punto de encuentro entre empresas y Centros Especiales de Empleo. A partir de ahí llegó la adhesión del Ministerio de Defensa, que valoran como fundamental, y además, Fundosa, Iustel, Repsol, El Corte Inglés, FCC, Indra, PriceWaterhouseCooper, Alentis, Capgemini, DKV, Konecta, Clece. Ernst & Young y Ferrovial, todos líderes de sus sectores. Además, también se unieron diversas empresas públicas como Inteco, Paradores, IFEMA o ISDEFE, hasta contar en la actualidad con más de 20 socios. 

 

Las empresas públicas también están muy interesadas en que esto se lleve a cabo y aunque los motivos de adhesión pueden ser diferentes para empresas públicas y privadas, el objetivo claro es ahondar en política social e incentivar el cumplimiento de las cláusulas sociales. Además es una forma de dar ejemplo a toda la sociedad. Por este motivo, también se han unido empresas privadas punteras, como Coca.Cola, que en principio no estarían interesadas en la contratación pública, porque su apoyo al Foro significa dar un mensaje positivo enorme, no solo buscando su propio beneficio, sino que repercuta en el conjunto de la sociedad. “Si con su influencia, se consigue beneficiar a todos, y sin que esto suponga ningún coste, es un avance tremendo”, afirma Javier Blanco.

 

El Foro nace por el expreso deseo del sector de la discapacidad de que el protagonismo lo cobre la sociedad civil, el mundo de la empresa y con la convicción de que lo que realmente se pretende conseguir es que algún día se puedan eliminar esas cuotas de integración a la discapacidad, lo que significará que hay igualdad de oportunidades independientemente de si se tiene una discapacidad. Por eso es necesario el compromiso de la gente que forma parte de él.

 

Una de las particularidades del Foro, es que tanto su presidencia, como sus vicepresidencias, las ostentan directivos de empresas privadas, que, a priori, no tienen relación directa con el mundo de la discapacidad. La razón por la que está en la presidencia María Garaña (Microsft) y en las vicepresidencias Juan Ignacio Entrecanales (Acciona) y Alejandro Echevarría (Mediaset) es para demostrar a las instituciones públicas que sí quieren cláusulas sociales, además del deseo del sector de la discapacidad, que también son socios constituyentes, de no estar en primera línea.

 

Foto con los miembros constituyentes del Foro de Contratación Pública Socialmente Responsable

 

 

Asimismo, en el Foro piensan que una vez se deciden los socios constituyentes, acuerdan que tiene que ser la sociedad civil quien dé la cara, a través de las empresas. “Si no parece que son las reivindicaciones de siempre pedidas por los mismos, para ellos mismos”, afirma Javier Blanco.
Además, Blanco opina que “cuando se pide algo para uno mismo se suele pedir con miedo”. Miedo que desaparece si es un tercero no implicado quien se convierte en la voz de estas reivindicaciones, que hace que cambie también el enfoque de quien tiene que conceder dichas peticiones. “Se trata de ser conscientes de que es el momento de hacer algo y que se vea que ese mensaje es desinteresado, que aboga por la inclusión en el mercado laboral del sector de la discapacidad”, indica.

 

Desde el Foro quieren destacar además, la implicación y sensibilización, tanto a nivel personal como empresarial, de los socios de la plataforma, ya sean entidades privadas, públicas o representantes del sector de la discapacidad. “Difunden el mensaje allá por donde van, todos. Pero me gustaría hacer hincapié en el Ministerio de Defensa, socio constituyente y miembro de la Junta Directiva del Foro, que va a aplicar esta cláusula y otras en una instrucción para todos sus órganos de contratación, algo que consideramos un avance muy considerable porque es el primer paso, sabremos que se contagiará a todas las administraciones y a sus órganos de contratación y por ende, a toda la sociedad”, concluye Blanco.

 

IMPORTANCIA DE RSC

 

Una característica muy importante es que, a pesar del carácter empresarial del Foro, es la única iniciativa a nivel europeo en la que se habla de Responsabilidad Social y que están invitados, como actores principales, entidades públicas y el sector de la discapacidad. Cualquier otra iniciativa no transmite con tanta fuerza la capacidad de revertir en resultados positivos y todo lo que cumpla siempre será bueno. Sin embargo tiene ese carácter empresarial porque las empresas logran prioridad en la adjudicación de concursos con cláusulas sociales, y para ello, tienes que estar comprometido con la integración de la discapacidad, tienes que participar de ese objetivo. 

 

Aunque sean empresas que no están interesadas en la contratación pública, si les interesa la integración de las personas con discapacidad están participando en los objetivos finales del Foro, que busca socios cuyo peso y compromiso sea importante, para convencer a las Administraciones Públicas de los beneficios de integrar a personas con discapacidad.

 

Además, dirigido a las empresas privadas, el Foro ha realizado jornadas sobre “compras privadas socialmente responsables” para conocer la técnica de la contratación pública y las cláusulas y trasladarlas al ámbito privado.
Estas empresas privadas se benefician de la posible adjudicación de concursos con esta iniciativa, pero además, es un valor añadido en el compromiso con lo social con lo que es el mensaje fundamental del foro, el de dar empleos estables y de calidad a las personas con discapacidad y hacer accesibles los puestos de trabajo.


Contratar este tipo de bienes y servicios, normalmente a Centros Especiales de Empleo, les ofrece una ventaja competitiva muy grande, diferenciándoles de las empresas que no lo hacen y teniendo un resultado inmediato.

 

Ese liderazgo en RSC que adquieren estas empresas es muy importante, porque otro de los objetivos del Foro es convertirse en una referencia en la responsabilidad social. Algo que Javier Blanco cree posible puesto que “somos la única iniciativa que incluye a la administración en un ámbito de RSC tan claro y además somos una iniciativa con logros tangibles y con una capacidad de influencia. Algo que se demuestra porque en tan poco tiempo hemos conseguido que se reforme una ley, y que un organismo tan importante como el Ministerio de Defensa se implique directamente y comparta nuestros objetivos”, aclara.


MEDIDAS LEGISLATIVAS


La Ley de Contratos del Sector Público contempla “la posibilidad de establecer en los contratos públicos aquellas condiciones especiales en relación con la ejecución del contrato, referidas a (…) consideraciones de tipo social, con el fin de promover el empleo de personas con dificultades particulares de inserción en el mercado laboral”.

 

Desde el Foro se hace hincapié en que dicha ley supone una oportunidad para no tener que renunciar a gastos sociales por el hecho de encontrarnos en una situación de crisis económica, puesto que con esta herramienta utilizada “de una forma racional y eficiente, no solamente conseguimos el objetivo de la compra pública en sí, sino también el objetivo de la política social, lo que desde ese momento se empezó a llamar el uso alternativo del precio en los contratos públicos” apunta Blanco. Esto es, conseguir que gran parte del dinero invertido en los contratos públicos, que supone aproximadamente un 17% del PIB de España y una cifra similar en el resto de países de Europa, se dedique a potenciar al sector de la discapacidad, creando puestos de trabajo estables y de calidad para personas con discapacidad, algo que el gerente del Foro califica como “un avance impresionante”.

 

También se contempla el hecho de que la Ley pudiese quedar inédita, por el hecho de que traspone una directiva europea que está redactada como una posibilidad, que si no se ejerce por parte de los órganos de contratación no se incurriría en nada ilegal. Sobre esta posibilidad, Javier Blanco apunta que “desde el Foro no criticamos cómo está redactada esta ley, lo que ocurre es que no está bien comunicada, porque estamos acostumbrados a que las normas sean imperativas y conlleven su sanción correspondiente”. Además, muestra tranquilidad al respecto e incide en la importancia de dar a conocer las cláusulas sociales en general y esta ley en particular: “creemos que en el momento en el que administraciones, líderes políticos, y técnicos encargados de redactar los pliegos conozcan la ley, verán que no hay ningún inconveniente en llevarla a cabo, puesto que no hay que crear nuevas estructuras, no tiene nuevos costes y sin embargo tiene muchos beneficios para todos”.

 

La experiencia dice que en un momento dado, todo el sector de la discapacidad influyó para que se hiciesen leyes como la LISMI, con su correspondiente sanción, que en la actualidad no se cumplen. De hecho, según datos facilitados por el propio Foro, solo un 14% de las empresas de más de 50 empleados cumplen con el obligatorio 2% de cuota de reserva para personas con discapacidad o con las medidas alternativas que marca la LISMI.

 

Por este motivo, Javier Blanco incide varias veces en lo que denomina “convencer la inteligencia”, es decir, demostrar con argumentos y alicientes reales y positivos los beneficios que tiene aplicar las cláusulas sociales, en contraposición con lo que se ha hecho hasta ahora, donde las empresas que cumplían con la norma lo hacían para no recibir una sanción. Un claro ejemplo de aliciente real para las empresas es la posibilidad de adjudicarse contratos públicos, con los que conjugarán las vertientes social y empresarial. Por un lado aumentará su cuenta de resultados y por otro se verá beneficiada toda la sociedad. Además, para el gerente del Foro de Contratación Pública Socialmente Responsable, “las empresas tienen que saber que se les abren muchas puertas con este novedoso incentivo, y tienen que ser conscientes de que si cumplen con la ley podrán superar su cuota de adjudicaciones, algo interesantísimo para todas y una razón potentísima con la que se verán beneficiados administraciones y organismos autónomos” señala.

 

Además, desde el Foro se muestran “orgullosos y encantados” con la reforma realizada en la ley el pasado mes de agosto, consistente en la exigencia de un certificado de que las empresas cumplen con el 2% de reserva de cuota para trabajadores con discapacidad que marca la LISMI. Creen que este cambio legislativo ha supuesto un logro, porque esta era una cláusula social básica, porque responde a las demandas del sector de la discapacidad, incluido dentro del Foro, pero sobre todo porque “ayudará a la creación de un mercado más inclusivo y a una mayor igualdad de oportunidades”, que es en esencia, el fin último del Foro de Contratación Pública Socialmente Responsable. 

 

RELACIÓN CON FEACEM


El Foro de Contratación Pública Socialmente Responsable considera muy importante el hecho de que FEACEM se convierta en un miembro activo de la plataforma, debido a que cuentan con una gran solidez como patronal del sector de los CEE, tienen una legitimidad importante, dada la gran cantidad de empresas a las que representan, son un interlocutor válido a la hora de entablar negociaciones con las administraciones públicas y, además, el Foro puede beneficiarse de su experiencia en el sector de la discapacidad.

 

Javier Blanco, Gerente del Foro CONR

 

Esta relación también reporta beneficios para los Centros Especiales de Empleo vinculados a FEACEM, puesto que la patronal expone las inquietudes y necesidades de sus representados. Pero además, Javier Blanco apunta que existe un beneficio inmediato para FEACEM y sus empresas, porque “el Foro velará porque la cláusula de reserva de la disposición adicional séptima de la Ley de Contratos del Sector Público, que contempla la reserva de adjudicación de contratos para Centros Especiales de Empleo, se convierta en una realidad. Esta es una cláusula que se va a usar, y que representa una oportunidad para todos los CEE”, indica Blanco.

 

Por otro lado, es muy importante el papel que juega el Foro a la hora de acercar al sector de la discapacidad, a esas grandes empresas privadas que tiene asociadas, así como el hecho de poder proponer otras fórmulas de colaboración e intervenir, asesorar e influir en la medida de lo posible para que las propuestas de los CEE sean valoradas en la administración, con lo que los CEE cobrarán un mayor impulso.

 

BASE DE DATOS


Pero no queda ahí, puesto que en la web del Foro, en el apartado de ‘Empresas y CEE’ enlaza directamente con el Catálogo de FEACEM, una amplia base de datos donde se pueden encontrar los Centros Especiales de Empleo vinculados a la patronal mediante un buscador que permite filtrar los resultados por nombre, actividad principal, provincia, tipo de contrato con la administración pública y asociación a la que pertenece.

 

Este buscador es una herramienta fundamental, que servirá de punto de encuentro clave al que las empresas del Foro, entre las que se encuentran algunas de las más importantes de nuestro país, acudirán cuando necesiten contratar algún servicio. Asimismo, se utilizará desde las administraciones públicas, en virtud de la Ley de Contratos. Esto ofrece una ventaja capital a aquellos centros que estén presentes en él, porque mejora su visibilidad y facilita sinergias entre todos los implicados.     

 

Por este motivo, desde FEACEM instan a todos sus Centros Especiales de Empleo a que mantengan todos sus datos convenientemente actualizados, para facilitar el contacto. En este sentido también se pronuncia Javier Blanco: “necesitamos saber qué actividades pueden ser cubiertas por cada CEE. En la actualidad hay mucha dispersión y es necesario que se nos diga claramente en qué actividad se especializan, cuál es su volumen de facturación o qué número de empleados tienen. Nosotros trabajamos con esas referencias, y los CEE deben saber que habrá contratos reservados para ellos, pero deben ser claros y colaborar”.

 

Asimismo, el gerente del Foro insiste en la importancia de la comunicación fluida entre los centros y FEACEM, que luego va a resultar clave en la redacción de pliegos y en la inclusión de nuevas cláusulas sociales, “Nos explican su trabajo, sus necesidades, y se trabaja ya sobre unas bases, después las analizamos de forma independiente, luego nos volvemos a juntar y eso desemboca en una propuesta de cláusulas”, explica. En la plataforma inciden en que, en esta propuesta de cláusulas, la colaboración con FEACEM es vital, que sus bases de datos sean claras y solventes servirá para transmitir credibilidad al órgano de administración y como sello de garantía de que aquellos centros que concurren a un concurso, si están en la base de datos de FEACEM, significa que son solventes.

 

La importancia que desde el Foro se le da a la base de datos de FEACEM viene aparejada a un deseo, y es que se vería con muy buenos ojos que los Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social, que no tienen ánimo de lucro y propugnan una rentabilidad social, tuviesen un trato preferencial frente a otros centros que funcionan como empresas ordinarias.

 

ESPECIFICACIÓN Y ETIQUETA SOCIAL


La Especificación para la Gestión Ética y Profesionalizada de los Centros Especiales de Empleo, desarrollada por FEACEM, ha tenido muy buena acogida en el Foro de Contratación Pública Socialmente Responsable. Según explica su gerente, “nos parece que es una herramienta muy útil porque es una garantía adicional de solvencia de los propios centros, algo que en la actividad del foro es un criterio muy importante”, declara. Además afirma que, “cuando esté desarrollada, será un criterio más a incluir dentro de la propia base de datos, que servirá para dar más fuerza a las negociaciones cuando nos sentemos a hablar con la Administración”, indica Javier Blanco.

 

Por su parte, la etiqueta social es un proyecto que surge ante las dificultades de las administraciones para verificar qué empresas cumplen con el 2% de personas con discapacidad contratadas que fija la LISMI, que está relacionado con la nueva modificación de la Ley de Contratos del Sector Público, y en la que están implicados FEACEM y sus CEE. Consiste en elaborar un sello para facilitar el acceso a los procesos de contratación y acreditar el contenido social y el cumplimiento de las disposiciones sociales por parte de las empresas contratistas, que se obtendría una vez que el foro hubiese certificado que la empresa cumple con las cuotas de reserva.

 

Para finalizar, el gerente del Foro de Contratación Pública Socialmente Responsable ha realizado un breve análisis de la situación del empleo para personas con discapacidad en nuestro país, haciendo hincapié en que hay que ser positivos, puesto que “en un momento delicado a nivel económico, el empleo de las personas con discapacidad ha crecido, lo que es un síntoma de que se han hecho bien las cosas”. Además, se ha mostrado optimista de cara al futuro, al afirmar que “el dato del 6% de crecimiento me parece magnífico, y es posible que este dato crezca, y sea mejor en un futuro, porque es un sector en auge, que está derribando las barreras tradicionales que había habido hasta ahora, como la baja cualificación de sus trabajadores, la visión que se tenía desde fuera como centros de asistencia, o la imposibilidad de realizar trabajos que no fuesen de manipulados y sectores tradicionales. Todo ello contribuye a un mercado más dinámico e inclusivo, que es lo que buscamos desde el Foro de Contratación Pública Socialmente Responsable.


 

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