La Estrategia Española de Empleo: claves y reacciones
Antonio Sánchez de la Fuente
El Ejecutivo ha aprobado la Estrategia Española de Empleo (EEE), un documento de carácter general, consensuado con las Comunidades Autónomas, sindicatos y el CERMI, en colaboración con FEACEM, que tiene el fin de garantizar la unidad de acción en materia de empleo y que busca desarrollar con eficacia y eficiencia las políticas activas de empleo. En este reportaje se abordan las principales medidas aprobadas en el documento, los cambios que se han reflejado con respecto a la legislación actual y la forma en la que afecta a los Centros Especiales de Empleo vinculados a FEACEM. Además, diferentes socios de la Federación han realizado una valoración de la Estrategia y han puesto de relieve sus fortalezas y debilidades como herramienta fundamental para conseguir más empleo estable y de calidad para las personas con discapacidad.
El Gobierno aprobó el pasado 28 de octubre la Estrategia Española de Empleo (EEE), cuyo objetivo primordial es lograr un mejor encaje de la normativa de políticas activas de empleo, que corresponde al Estado, con su ejecución, que es competencia de las Comunidades Autónomas. Además, en el texto se refleja la importancia de la unidad en la atención a las personas en situación de desempleo.
En materia de discapacidad, este texto debe convertirse en herramienta vehicular de las políticas de empleo relacionadas con la discapacidad, y por ello se recogen una serie medidas de inserción laboral que favorecen a aquellos colectivos que presentan especiales dificultades de acceso al empleo.
Este documento actualiza las cuantías de las ayudas previstas en los presupuestos destinadas al empleo de las personas con discapacidad y además, hace que el sector de la discapacidad deje de estar en un limbo normativo en materia laboral, en el que se encontraba sumido desde el pasado mes de febrero, cuando de manera unilateral, se aprobó en Consejo de Ministros, el Real Decreto Ley 3/2011, en el que se derogaron algunas de las disposiciones que regulaban las Políticas Activas de Empleo de la discapacidad.
En opinión de los representantes del Tercer Sector, la aprobación de la Estrategia supone, en sí misma, una medida positiva, puesto que, ante la crisis actual, al menos se tiene un marco legislativo en el que empezar a actuar, se han contemplado las reivindicaciones principales que CERMI y FEACEM habían propuesto y no se ha retrocedido demasiado en los avances que se han realizado hasta el momento.
Sin embargo, se contempla como un punto de partida, y se insiste en la necesidad de seguir trabajando para mejorar la calidad del empleo de las personas con discapacidad y plantear con decisión las necesidades del colectivo al nuevo Ejecutivo, que deberá revisar el documento y tratar de perfeccionarlo.
ASPECTOS PRINCIPALES
La Estrategia Española de Empleo considera a las personas con discapacidad como colectivo prioritario con especiales dificultades de inserción en materia de acceso al empleo. Esta es una de las reivindicaciones del sector de la discapacidad, que, encabezado por el CERMI, ha estado representado en la mesa de negociación de dicho documento.
Para el director de los Servicios Jurídicos del CERMI, Miguel Ángel Cabra de Luna, el hecho de que el Gobierno haya calificado como colectivo prioritario a las personas con discapacidad, se traducirá en “un marco de incentivos reforzado”. Con la aprobación de esta norma, se configura un marco más descentralizado, que otorga a las Comunidades Autónomas un papel más activo, pero siempre con un marco común a nivel estatal como referencia, por lo que la colaboración entre Comunidades Autónomas, sector de la discapacidad y Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), que era otra de las peticiones formuladas por FEACEM, se antoja fundamental.
La Estrategia Española de Empleo contempla que las cuantías no podrán superar las cantidades propuestas, pero las Comunidades Autónomas, en el ejercicio de sus competencias podrán complementar dichas cuantías y deberán establecer las reglas precisas de la gestión.
En este sentido, a petición del CERMI y FEACEM, la Estrategia contempla que las disposiciones derogadas en el Real Decreto Ley 3/2011, en relación a las personas con discapacidad, permanecerán en vigor en aquellas Comunidades Autónomas que no desarrollen acciones y programas propios en esta materia. Esta es una de las principales reivindicaciones del sector en clave de cohesión territorial, puesto que el establecimiento de esta medida garantiza un mínimo independientemente de la comunidad autónoma en la que se resida, que permite que todos los trabajadores dispongan de los mismos derechos básicos.
Una de las principales preocupaciones del sector, en relación con lo aprobado en la Estrategia Española de Empleo, se encuentra en la parte dedicada a ‘incentivos para el mantenimiento de los Centros Especiales de Empleo’, puesto que el Gobierno ha decidido no prorrogar la ayuda transitoria del 75% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en el caso de personas con discapacidad con especiales dificultades que ha estado vigente desde julio de 2009 y que se aprobó como medida excepcional para combatir la crisis.
Para los representantes del sector, el no mantenimiento de dicha bonificación es un problema muy grave para los Centros Especiales de Empleo, porque es un retroceso en una medida básica, que supondrá la pérdida de muchos empleos por la imposibilidad de sostenerlos, desincentivará a las empresas para contratar a personas con discapacidad y la situación se agravará especialmente en aquellos casos en los que los empleados tengan especiales dificultades de inserción, que son los colectivos más vulnerables.
Por este motivo, los representantes de los socios vinculados a FEACEM instan al nuevo Gobierno a realizar un análisis de las nefastas consecuencias que traerá esta medida, y a corregir, en próximas revisiones, lo que consideran “un grave error por parte del legislador”.
MEDIDAS LEGISLATIVAS
Con el nuevo documento se establecen una serie de ayudas al fomento del empleo, tanto en Centros Especiales de Empleo, como en la contratación de personas con discapacidad en empresas ordinarias, así como incentivos a la contratación indefinida.
La parte fundamental de las medidas legislativas de la Estrategia se refiere a los Centros Especiales de Empleo y las diferentes bonificaciones a las que tienen acceso por su condición.
En el apartado de generación de incentivos al empleo indefinido, en el que según la nota publicada por el director de los Servicios Jurídicos del CERMI, Miguel Ángel Cabra de Luna, se aumentan entre un 25% y un 33% las ayudas cuando se contrate a personas con especiales dificultades de inserción, se ha modificado la regulación de condiciones que hasta ahora se vinculaba a la inversión generadora de empleo. Con la nueva Estrategia se otorga el incentivo por cada nueva contratación indefinida o cada transformación de otros contratos en indefinidos, se aumentan los importes y se sustituye la orden que lo regula por una futura a desarrollar por las comunidades autónomas.
Como se ha hecho referencia anteriormente, en la parte de costes salariales, a partir de 2012 no se mantiene el incremento de la ayuda del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que desde julio de 2009 era de un 75% y vuelve a su cuantía inicial del 50%. El importe destinado a la adaptación de puestos de trabajo no varía y sigue siendo de 1.800 euros por cada puesto de trabajo, mientras que en los incentivos para equilibrar el presupuesto se fija una cuantía de 1.500 euros por cada contrato, cuando hasta la fecha no había importe fijo. En este último caso, es importante resaltar que la EEE refleja que “estas ayudas no podrán cubrir resultados adversos derivados de una gestión deficiente a juicio de la Administración competente”.
Un elemento fundamental en el empleo protegido es el de las Unidades de Apoyo, que facilitan la labor de trabajadores con necesidades especiales y el documento contempla subvenciones destinadas a sufragar costes laborales y de Seguridad Social. Se mantienen como hasta ahora, siendo la ayuda de 1.200 euros por cada trabajador con especiales dificultades de inserción contratado por un periodo mayor de 6 meses.
En los Centros Especiales de Empleo, la bonificación de las cuotas a la Seguridad Social queda como hasta ahora y en el apartado de apoyo al emprendimiento, al autoempleo y la incorporación como socios a los trabajadores se sustituye la orden actual por una pendiente de desarrollo por parte de las Comunidades Autónomas, que también se encargarán de fijar el futuro importe de la bonificación.
El hecho de que muchas de las medidas relacionadas con Centros Especiales de Empleo se dejen en manos de las Comunidades Autónomas y se espere que se desarrollen las medidas propuestas es algo que intranquiliza al entorno FEACEM, puesto que hasta el momento, en la mayoría de las autonomías, se están produciendo retrasos en los pagos de las subvenciones y servicios correspondientes al presente ejercicio y a años pasados.
VALORACIÓN DE FEACEM
Sin perjuicio de los avances que supone, desde FEACEM se afirma que la Estrategia ha dejado fuera dos aspectos muy importantes: el no reconocimiento de los CEE de iniciativa social y la eliminación del apoyo salarial del 75% SMI.
En este sentido, Luis Alonso, gerente de FEACEM, destaca que la no incorporación de reconocimiento de los CEE de iniciativa social es no reconocer el “destacable el esfuerzo realizado por estos CEE por mantener y crear empleo, y en particular, con respecto a las personas con discapacidad con especiales dificultades de inserción”.
Recuerda, asimismo, que precisamente los CEE de FEACEM, todos de iniciativa social, han apostado por el mantenimiento del empleo de sus trabajadores y que son empresas que contribuyen al desarrollo sostenible y revierten sus beneficios en generar más y mejor empleo entre las personas con discapacidad. Además, entiende que hay base legal ya que el art. 43 de la LISMI prevé medidas específicas según tipología de CEE. De hecho, durante las fases previas de negociación desde FEACEM se propuso esta diferenciación por la participación directa de los de iniciativa social en el interés general.
Luis Alonso advierte, además, sobre los riesgos de la supresión del apoyo salarial del 75% del SMI y considera contradictorio que en su momento se aprobara porque se reconocía la necesidad de un mayor apoyo, y ahora la EEE elimine esta medida cuando la necesidad sigue siendo la misma. En términos de empleo advierte que esta supresión puede significar la destrucción de miles de puestos de trabajo entre los CEE de FEACEM. Por ello lamenta que sólo se hayan acordado de este colectivo en relación con los incentivos a la creación de empleo indefinido y en las unidades de apoyo (en este último caso en los mismos términos en que ya se venían reconociendo).
Por último, entre los aspectos positivos cabe destacar la consecución de una reivindicación que el CERMI y FEACEM llevaban tiempo persiguiendo relativa al establecimiento de un suelo mínimo de apoyo a los centros, que paliará una parte de las diferencias que existen en la actualidad entre las distintas Comunidades Autónomas y que garantiza que todos los trabajadores dispongan de unos derechos mínimos, independientemente de la autonomía en la que vivan y del grado de implicación de la misma en la puesta en marcha de lo estipulado en la Estrategia Española de Empleo.
VALORACIÓN DE SOCIOS
Nuria García, gerente de AFEM
En AFEM, la entrada en vigor de la Estrategia Española de Empleo ha provocado sensaciones contrapuestas. “Ha sido una buena y a la vez una mala noticia”, afirma su gerente Nuria García.
Por un lado, consideran positivo que se establezca un contenido mínimo que garantice la igualdad de oportunidades de empleo para las personas con discapacidad en todo el territorio nacional, algo en lo que han trabajado desde el principio CERMI y FEACEM; sin embargo están muy preocupados porque creen que las medidas de ‘discriminación positiva’ no se han desarrollado lo suficiente para garantizar el mantenimiento del empleo de los colectivos con especiales dificultades de inserción, de los que forman parte las personas con discapacidad intelectual, principal colectivo representado en los CEE de AFEM.
En cuanto a los aspectos susceptibles de mejora, Nuria García va más allá de las políticas activas de empleo y piensa en cambios estructurales para mejorar el empleo de las personas con discapacidad. “Es necesario renovar estructuralmente, pues la actual crisis ha venido a agravar una mala situación histórica, marcada por bajas tasas de actividad y de empleo”, incide.
A la gerente de AFEM le ha sorprendido enormemente que no se prolongue la ayuda transitoria del 75% del SMI, porque fue una ayuda “aprobada por el Congreso de los Diputados en 2009 como medida de choque para evitar la destrucción de empleo como consecuencia de la crisis económica que estábamos viviendo. En la actualidad se ha agravado y las previsiones apuntan que en 2012 seguirá empeorando”.
En este sentido, el hecho de no contar con esa ayuda dispara el riesgo de destrucción de empleo para las personas con discapacidad y “sobre todo para aquellos por quienes más hemos trabajado, los colectivos con mayores dificultades”.
Por último, Nuria García cree que hay aspectos que han quedado pendientes en este documento que habrá que empezar a trabajar con el nuevo Ejecutivo a la mayor brevedad posible, “algunos en el ámbito de la Estrategia Española de Empleo y otros, no menos importantes, de cambio de modelo”, indica.
Mónica Gorrochategui, presidenta de EHLABE
La presidenta de EHLABE, Mónica Gorrochategui, valora positivamente el reconocimiento que hace la EEE hacia el Tercer Sector como dinamizador de económico para las personas con discapacidad, lo que en su opinión sitúa a los CEE de Iniciativa Social como colaboradores necesarios con quienes diseñar las políticas activas de empleo de las personas con discapacidad.
Para Gorrochategui, “la EEE sienta las bases para seguir manteniendo el apoyo público a nuestros CEE que tan buenos resultados ha conseguido a nivel de ocupación e inserción”, al incluir la necesidad de incorporar el factor de la discapacidad en el empleo.
Sin embargo, desde EHLABE se critica el hecho de que el documento final de la Estrategia no contemple la prórroga de la ayuda transitoria del 75% del Salario Mínimo Interprofesional en el caso de personas con discapacidad con especiales dificultades de inserción, por ello “nos parece necesario que se realice un análisis profundo sobre las consecuencias que esta medida va a suponer para el mantenimiento del empleo del colectivo de personas con discapacidad con mayores dificultades de inserción”, afirma. Además, subraya la importancia de que se mantenga establecido un suelo mínimo, independientemente de la comunidad autónoma en la que se resida, puesto que sin esta garantía se podría producir “una discriminación totalmente inaceptable”.
Por último, y a pesar de que “nos ha sorprendido el hecho de que la Estrategia se haya aprobado como Real Decreto, y preferiríamos que se hubiese apostado por una fórmula más vinculante”, desde la entidad vasca son optimistas con respecto al futuro y piensan que “la Estrategia Española de Empleo, como herramienta que diseña el marco de desarrollo de políticas nacionales, autonómicas, provinciales y locales será estudiada y mejorada en aquellos aspectos en los que el nuevo Gobierno estime oportuno, teniendo en cuenta que el empleo es la prioridad del nuevo Ejecutivo”.
Rafael González Millán, gerente de AECEMFO
El gerente de AECEMFO, Rafael González Millán, opina que la aprobación de la EEE ha supuesto un logro positivo, puesto que en su opinión, “se podía producir un retroceso muy importante en lo que se refiere al nivel de protección a los Centros Especiales de Empleo”.
Con este nuevo documento se responde a la que, en opinión de González Millán, era la principal reivindicación de los centros, el establecimiento de un suelo estatal que garantizase “que no hubiera perjuicios entre diferentes comunidades autónomas, sino que todos los centros y sus trabajadores tuvieran unos derechos básicos”.
Desde AECEMFO, sin embargo, avisan de que con la EEE “seguimos prácticamente donde estábamos antes de la derogación de las políticas activas en febrero pasado y eso significa que no se han conseguido todas las demandas del sector”. “La principal cuestión que ha quedado sin aprobación es el aumento al 75% de salario mínimo interprofesional cuando hablamos de personas con discapacidad, graves riesgos de exclusión o con dificultades de inserción laboral, por lo que no podemos darnos por satisfechos”, afirma.
En lo referente a una necesidad de revisión del documento por parte del nuevo Ejecutivo, González Millán cree que entramos en un periodo de incertidumbre, pero se muestra optimista al respecto. “Nuestro sector ha demostrado que incluso en época de crisis ha aumentado el número de empleados, y lo más lógico es que quieran fortalecer todas las fuentes generadoras de empleo que hay en España”, indica. Pero, además, anima al sector y a sus representantes a “seguir avanzando y trabajando, y cargarse de razones”, para estar preparados en el momento en el que haya que plantear las reivindicaciones al Gobierno. “Tenemos garantizado de cara al año que viene ese suelo estatal donde a partir de ahora las Comunidades Autónomas, el desarrollo de las políticas activas puede incorporar modificaciones pero nunca afectando a ese suelo estatal”. “Yo creo que este decreto tiene un valor transitorio hasta que el PP ponga en marcha todas las medidas”, subraya.
En este sentido, González Millán apuesta por no depender solamente de las subvenciones, difíciles de obtener a partir de un determinado nivel, sino plantear “propuestas creativas que mejoren tanto lo cualitativo como lo cuantitativo de los centros, sin perder de vista nuestra función social, porque hay unos principios que debemos cumplir”, resalta.
Asimismo, considera que es necesario avanzar mucho en aspectos económicos, que realmente funcionen las unidades de apoyo, que existan mayores ayudas para la especialización de trabajadores y que se profundice en el apoyo a los colectivos con mayores dificultades para que tengan más oportunidades.
Por último, desde AECEMFO expresan el deseo de las líneas que contiene la Estrategia funcionen, “porque en la medida que funcione el empleo en España también será beneficioso para nuestro sector y habrá más posibilidades de empleo también para nosotros”.
María Isabel Rodríguez, gerente de FEAFES Empleo
En FEAFES Empleo han recibido la aprobación de la Estrategia Española de Empleo con asombro y perplejidad, por la forma de ser aprobada tras tres años de trabajo y por los contenidos relacionados con los CEE.
Su gerente, María Isabel Rodríguez, cree que a pesar de que la aprobación en sí es algo positivo, “la desaparición de medidas de discriminación positiva en aspectos tan importantes en la sostenibilidad de los CEE como el apoyo salarial, va a afectar de manera muy importante a los puestos de trabajo del colectivo al que representamos y que con tanta profesionalidad hemos ido creando y manteniendo estos últimos años”. La preocupación porque se aprobara la Estrategia estaba en que se estableciera ese suelo mínimo, esa discriminación positiva, que garantizase las mismas oportunidades en todo el territorio español.
En los centros de FEAFES Empleo trabajan personas con enfermedad mental, la mayoría de ellos con trastorno mental grave, por tanto reconocidas por la Estrategia como colectivos más vulnerables, por lo que Rodríguez cree necesario que dicha distinción vaya unida a unas medidas concretas de apoyo, y esas ayudas tengan dotación presupuestaria estatal, “y no dejarlo a criterio de cada Comunidad Autónoma, pues de esa manera no se garantizaría el suelo mínimo”, defiende.
Además califica como “problema muy grave” el que no se contemple la prórroga de la ayuda transitoria del 75% del Salario Mínimo Interprofesional en el caso de personas con discapacidad con especiales dificultades de inserción y cree que esta medida puede dejar fuera a muchos trabajadores con especiales dificultades, y a los Centros Especiales de Empleo que actualmente están apostando por estas personas en una situación muy complicada. De hecho, la gerente de FEAFES Empleo apunta que “solo en Cataluña se calcula que en el primer trimestre del 2012 se podrían perder más de 2.500 puestos de trabajo, y esta cifra podría ir aumentando según avance el año”, afirma.
Por otro lado, en FEAFES Empleo consideran “fundamental” el hecho de que se garantice un mínimo de ayudas a nivel estatal, “porque creemos que todos los ciudadanos deben tener los mismos derechos independientemente del territorio en el que se encuentre y porque de no ser así, eso quedaría a criterio de las prioridades que cada Comunidad autónoma considere, o de lo sensible que pueda ser con este problema”.
Asimismo, a Rodríguez le preocupa “el progresivo distanciamiento del espíritu de la LISMI, recordemos orientada a fomentar la ocupación de personas con dificultades para trabajar en la empresa ordinaria” y piensa que debe haber una revisión que clarifique la “discriminación positiva” para aquellos colectivos con especiales dificultades, “que permita que realmente puedan tener las oportunidades que tan legítimamente venimos reivindicando”.
María del Mar Martín Presidenta de ACECA
Para María del Mar Martín, “lo mínimo que se ha reflejado en el documento era prácticamente lo que teníamos y como lo que realmente se haga va a depender de nuestra comunidad, creemos que no ha supuesto un cambio significativo”.
“Lo único que varía era la medida del 75% del SMI, que desde ACECA pensamos que no era la más acertada, no por negativa sino porque en Andalucía la parte relativa a las subvenciones por unidades de apoyo no existe y pensamos que hubiese sido mucho más adecuado dotar más de unidades de apoyo o valorar más a las mismas, más que aumentar una subvención”, explica.
La presidenta de ACECA afirma que “el problema es que, en este momento, estamos en un tiempo de espera, porque el próximo mes de marzo van a producirse elecciones en Andalucía, lo que provoca que el margen de maniobra actual sea casi nulo”.
En ACECA hay una mesa de trabajo mensual, en la que se reúnen con el Gobierno, algo que intentarán conservar con el nuevo Ejecutivo autonómico “porque es una forma de mantener el contacto con la administración y trasladarles nuestras inquietudes, problemas y propuestas de mejora y también es una forma de llevar un control, porque se tiene la relación de centros asociados, y las resoluciones pendientes que tiene cada uno”. Martín valora como “necesario” este diálogo fluido que mantienen con la Administración autonómica, porque se pueden resolver, además, problemas concretos de cada centro, y dar prioridad a aquellos cuya situación sea más crítica; y afirma que tratará de hacerlo así con el nuevo Gobierno.
Además, cree que los cambios que se puedan producir en la normativa andaluza serán pocos, “puesto que se aprobó hace pocos meses”, pero apunta como imprescindible el hecho de que el sector de la discapacidad pueda influir en todo lo que se produzca y que les pueda afectar. “Nosotros, desde FEACEM, dejamos claras las reivindicaciones del sector, pero viendo cómo está la situación en la actualidad, nos hemos tenido que conformar y el hecho de que no se haya retrocedido en lo que ya estaba marcado, lo vemos como un aspecto positivo”.
La presidenta de ACECA, además, se muestra escéptica al hablar de recibir los pagos reflejados en la EEE. “En este punto, preferimos que se mantenga lo que hay y no se cree nada nuevo, pero que se lleven a cabo los pagos prometidos y eso debe ser lo que prime”, opina.
Por último, en lo referente al suelo mínimo, “quiero esperar a ver que se cumple, porque llevan muchos años sin cumplirse las cosas, y hasta que no nos hemos movilizado, lo hemos denunciado, hemos ido al Parlamento andaluz, no se han empezado a notar diferencias”, recalca.
Francisco Álvarez, presidente de ADECEM
Lo que se ha aprobado en la EEE en ADECEM lo consideran razonable porque todas las medidas que se habían planteado por parte del sector han sido, “más o menos consideradas y porque al menos no se ha retrocedido”. Sin embargo, a su presidente Francisco Álvarez le queda la duda de cuál va a ser su aplicación en las diferentes comunidades autónomas aquello que en el texto figura como ‘mínimos’.
Álvarez subraya que “aquí en Andalucía, por la información que tenemos, vamos a intentar quedarnos como estábamos” y recuerda que en la citada comunidad autónoma no existen medidas relativas a las unidades de apoyo, “y parece ser que, a pesar de la aprobación, no se va a incorporar”.
En cuanto a la prórroga del 75% del SMI, primordial para algunos de los socios, Álvarez afirma que “tenemos diferentes criterios, en el propio sector, y quizá sería bueno tener un criterio común para ir en una única dirección”, indica. Además, afirma que “particularmente, y viendo la situación de Andalucía, prefiero que se pudiese incorporar apoyo al empleo en CEE, porque esa ayuda, que ya contempla la participación de trabajadores con más dificultades, nos va a permitir disponer de profesionales que colaborasen en ayudar a realizar un mejor trabajo de las personas con discapacidad, como puedan ser unidades de apoyo”.
El presidente de ADECEM se conformaría con que las cosas siguiesen igual que hasta ahora a nivel de subvenciones si se garantiza que la aprobación de este documento sirve para que la tramitación de los expedientes sea más ágil, rápida y efectiva y facilite así los cobros de todo lo que se debe. “Con eso nos daríamos por satisfechos”, sentencia.
Además, ve “algo lógico” que haya variado la situación legal. “Los reales decretos de políticas activas de empleo para las personas con discapacidad no podían quedarse derogados, porque nos encontrábamos en un limbo legal insostenible, y el hecho de que se vuelva a regular, nos dará un soporte normativo”, indica.
Como conclusión, Álvarez afirma que “puede que algún socio esté descontento con lo aprobado porque no le parezca suficiente, pero para nosotros, el hecho de que no se haya retrocedido, en estos tiempos de crisis, es un aspecto positivo en sí mismo”.
ESTRATEGIA 55 Y MÁS
Por último, tras este análisis sobre la EEE, es obligado hacer mención expresa a la aprobación de la Estrategia Global para el Empleo de los trabajadores y las trabajadoras de más edad 2012-2014, conocida como "Estrategia 55 y más", que constituye el instrumento normativo para establecer el marco general de las políticas dirigidas a favorecer el empleo de las personas de otro colectivo de especial dificultad de inserción, como son los mayores de 55 años y que ha sido definida como fundamental teniendo en cuenta el envejecimiento general de la población española.
Esta Estrategia Global aborda de manera transversal las políticas de discapacidad, como un aspecto prioritario en la concreción de sus líneas de actuación, promoviendo la formación de los trabajadores y tratando de evitar en la medida de lo posible la política asistencial, que acaba provocando una falta de incentivo en el trabajador, según consta en lo aprobado en este documento.