(4 de marzo de 2016) La contratación pública supone un 16% del PIB lo que convierte a las clausulas sociales en un instrumento de cohesión social, redistribución de la riqueza, igualdad y justicia.

Las administraciones poco a poco van incorporando la inclusión de aspectos sociales en los procesos de contratación pública, en línea con la normativa tanto de la Unión Europea como las últimas modificaciones de la Ley de Contratos del Sector Público.

La normativa sobre contratación pública del Ayuntamiento de Madrid da prioridad a las cláusulas sociales en la adjudicación de contratos públicos. Con ello aspira a convertirse en un referente social al tiempo que pretende garantizar mejores servicios y resultados. Las empresas que quieran cerrar un contrato con el gobierno madrileño deberán cumplir alguno de estos criterios: igualdad, accesibilidad, seguridad, salud laboral, empleo, estabilidad y formación en el lugar de trabajo.

Por su parte, el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura también ha aprobado la instrucción sobre la incorporación de cláusulas sociales en la contratación pública que son “un cambio en la concepción de las políticas públicas en materia de contratación”, según la portavoz de la Administración autonómica, Isabel Gil.

La instrucción reserva al menos el 6 % de los contratos a Centros Especiales de Empleo y a empresas de inserción e impone la inclusión de aspectos sociales y medioambientales en los pliegos de contratación. En el caso de no incorporar estos criterios el órgano de contratación debe justificarlo con un informe motivado.

Por último, el Gobierno del Principado de Asturias ha aprobado la reserva del 8% de las contrataciones para centros especiales de empleo (CEE) y empresas de inserción, una medida que supondrá el mantenimiento del empleo de las personas con discapacidad que actualmente trabajan en los CEE del Principado. Además, se facilitará que se contrate a más personas con discapacidad gracias al incremento de su actividad.